Reformas migratorias buscan atraer inversión y regularizar la residencia en el país
La Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley Especial de Migración y de Extranjería para adaptar la normativa a un nuevo perfil de extranjeros, que incluye inversionistas y personas de negocios. La reforma, aprobada con 57 votos, modifica los artículos 49, 119, 164 y 279 de la ley, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en los procesos migratorios y establecer reglas más claras sobre permanencia y nacionalidad.
La diputada Ana Figueroa explicó que las reformas responden a un cambio en la realidad migratoria del país. Señaló que, durante muchos años, El Salvador fue un país de migración, con miles de salvadoreños que buscaban oportunidades, seguridad y mejores condiciones de vida en el exterior. No obstante, indicó que ese contexto se ha transformado en los últimos años y que la legislación debe actualizarse para responder a esta nueva dinámica.
“Estas reformas tienen como objetivo dar orden, seguridad jurídica y generar beneficios económicos para la población”, sostuvo la legisladora. Entre los cambios, Figueroa destacó la creación de reglas claras para quienes deseen residir en el país, incluida la previsión de que los residentes temporales deberán permanecer al menos 90 días al año en El Salvador para garantizar un vínculo real con la nación.
La diputada señaló que el objetivo es que las personas que obtienen residencia vivan, consuman e inviertan en El Salvador, subrayando que no se trata solo de un trámite, sino de un compromiso con la economía y la sociedad. También indicó que la reforma facilitará la movilidad de inversionistas, cuya actividad exige viajar con frecuencia sin perder su estatus migratorio.
Además, la reforma aborda la reunificación familiar, al permitir que los hijos de personas que ya han adquirido la nacionalidad salvadoreña también puedan obtenerla, con el fin de garantizar la unidad familiar y el interés superior de la niñez. Entre otros cambios, se prevé mantener el orden y la seguridad jurídica, al establecer que las personas que obtengan la nacionalidad y cometan delitos dolosos graves la perderán de forma definitiva.
