Casi 100 defensores de derechos humanos son asesinados cada año en Colombia
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) presentó un informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, que cubre el periodo 2016-2025. De acuerdo con el documento, se registraron 972 asesinatos, lo que equivale a un promedio de cerca de 100 muertes por año. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que es “desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”.
El informe reconoce que el actual gobierno ha implementado medidas para enfrentar la violencia contra estas personas, entre ellas el reconocimiento público de la gravedad del problema, el inicio de un diálogo de alto nivel con organizaciones de la sociedad civil, la adopción de acciones preventivas e inmediatas en situaciones urgentes y el desarrollo de una política nacional sobre defensores. También destaca la cooperación estrecha de las autoridades colombianas con la OHCHR en Colombia.
No obstante, el documento señala que “las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, ni superar los desafíos estructurales que obstaculizan el esfuerzo por brindar protección integral y sostenida a estas personas defensoras”. Según el informe, el país se encuentra “en un punto de inflexión” y, si no se toman medidas efectivas para convertir la situación en una prioridad estatal, la violencia contra estas personas podría continuar, con una agenda de prevención, protección, investigación y abordaje de causas estructurales.
El informe detalla que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se observó un aumento gradual de asesinatos vinculado principalmente a conflictos armados con actores no estatales en áreas antes controladas por las FARC-EP, donde el Estado ha tenido dificultades para mantener presencia. En años recientes, también se identificó un incremento de la violencia relacionada con intereses criminales vinculados al narcotráfico, la minería y la trata de personas. Entre los factores que agravan la situación figuran la debilidad institucional, altos niveles de impunidad y la corrupción.
En cuanto al impacto, el informe resalta que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 fueron asesinadas 410 activistas, y que el 23% de las víctimas eran indígenas, un porcentaje elevado respecto a que esa población representa el 4,7% de la población total. También fueron atacadas comunidades afrodescendientes y campesinas, juntas de acción comunal, líderes ambientales, defensores de derechos humanos, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y líderes políticos. Más del 70% de los perpetradores identificados correspondían a actores armados no estatales. Durante el mismo periodo se registraron 2018 casos de amenazas y ataques, cifra que, según el informe, representa solo una fracción de la magnitud real debido a la ausencia de un sistema unificado para la recopilación de datos por parte de las entidades estatales.
Entre las recomendaciones figuran consolidar políticas públicas eficaces, implementar reformas institucionales esenciales, promover investigaciones penales para desmantelar a los principales perpetradores y prevenir la impunidad, y desarrollar mecanismos de protección acordes a las realidades en terreno. Türk subrayó que, además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos ocurridos, abordar las causas estructurales de la tragedia debe ser una prioridad para las autoridades en Colombia, para proteger a las personas defensoras y permitirles realizar su labor de forma segura.
El informe también señala que los recortes presupuestales sufridos por la OHCHR en Colombia en 2025 han reducido significativamente su capacidad para proteger a las personas defensoras y para realizar medidas preventivas. Como consecuencia, la Oficina se ha visto obligada a reducir misiones a zonas de alto riesgo, lo que ha afectado su capacidad para monitorear asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en riesgo.
