CSJ afirma que la cadena perpetua consolidaría la seguridad en el país
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros y Fernando Marroquín, para avanzar en el estudio de reformas al Código Penal, a la Ley contra Actos de Terrorismo, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y a la Ley Penal Juvenil. Según la intención del caso, estas normativas secundarias deben armonizarse con el artículo 27 de la Constitución de la República, el cual fue modificado el 17 de marzo para habilitar la cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
El presidente de la comisión, el diputado Ernesto Castro, afirmó que ninguno de los cambios propuestos a dichas normativas contravendría tratados internacionales, como el del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. De igual forma, los delegados de la CSJ coincidieron en que no existe incompatibilidad entre las reformas y la Constitución, al sostener que habrá una regulación que se ajusta al ordenamiento jurídico.
Los parlamentarios respaldan la iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele para eliminar la prohibición de aplicar la cadena perpetua en los referidos delitos, al considerarlos ataques graves y definitivos contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Las estadísticas del gabinete de Seguridad señalan que, en 2025, se registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional.
Entre las valoraciones técnicas ofrecidas a los legisladores por Quinteros, quien preside la Sala de lo Penal, figura la observación de que la reforma incorpora tres delitos de extrema gravedad, entre ellos las violaciones, que afectan a grupos vulnerables como niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres. El funcionario subrayó que este tipo de delitos puede truncar un proyecto de vida y generar consecuencias como embarazos o contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Por su parte, Marroquín, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, señaló que ratificar la cadena perpetua no entra en contradicción con diversos tratados internacionales y acuerdos, y aseguró que existe coherencia entre las leyes secundarias y la reforma al artículo 27 de la Constitución, ya que se buscan lineamientos de convivencia social y la cadena perpetua se justifica para evitar la repetición de estos delitos.
