Homologación de leyes para aplicar la cadena perpetua fortalecerá al sistema judicial
La Comisión Política de la Asamblea recibió este jueves al ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, para presentar el avance de la reforma al artículo 27 de la Constitución, aprobada el 17 de marzo para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo. Según los funcionarios, las modificaciones deben ir acompañadas de reformas a leyes secundarias para evitar vacíos legales.
El ministro Villatoro explicó que el Ejecutivo ha solicitado reformar 10 artículos del Código Penal, entre ellos los 128, 129, 158, 159 y 162, con el objetivo de que los delitos de homicidio simple y agravado, así como la violación y la violación de menor o incapaz y la violencia sexual agravada sean castigados con prisión de por vida. También se prevén cuatro artículos nuevos: 85-A, 92-B, 92-C y 344-A.
El artículo 85-A establece que, en los casos con pena de prisión perpetua, una vez cumplido el plazo establecido por el delito, se podría otorgar el régimen de libertad controlada. En el título III, relativo a “Penas”, se añadirán los artículos 92-B y 92-C, que definen la ejecución de la prisión perpetua con revisión obligatoria y la posibilidad de que un juez evalúe la reinserción social del condenado, respectivamente. El artículo 92-B especifica periodos de revisión de la pena según la situación: 25 años para delitos cometidos por menores de edad, 30 años para un solo delito, 35 años en caso de concurso y 40 años ante agravante específica o extrema gravedad cualificada. El artículo 92-C facultará al juez a decidir, tras una audiencia y con informes de conducta, si procede o no otorgar la libertad controlada.
Además, se incluye el artículo 344-A para sancionar con prisión perpetua a quienes pertenezcan a organizaciones terroristas o pandillas. En la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres se proponen reformas a los artículos 45 y 46 para imponer cadena perpetua en casos de feminicidio y feminicidio agravado, ante las penas actuales de 20 a 35 años y de 30 a 50 años, respectivamente. También se busca modificar los artículos 8, 9 y 15 de la Ley Penal Juvenil para que un menor de edad que cometa un delito sea sujeto a prisión perpetua.
En la Ley Especial contra Actos de Terrorismo se proponen enmiendas a los artículos 4 y 13, vinculados a la definición de organizaciones terroristas y al incremento de penas para integrantes de pandillas y sus cabecillas. Con la reforma, las penas para pandilleros pasarían de 15–20 años a 20–30 años, y para jefes o cabecillas, de 30–40 años a 40–60 años, según las nuevas reglas.
El ministro Villatoro sostuvo que las estrategias de seguridad impulsadas por el gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, han contribuido a reducir la violencia y a situar al país entre los menos violentos de la región. No obstante, indicó que persiste una alta incidencia de otros delitos y que es necesario dotar al sistema judicial de herramientas para fortalecer su labor, para lo cual la armonización de las leyes sería clave, según la autoridad.
