Experto denuncia injusticia ambiental en México en zonas de sacrificio
Un relator especial de la ONU alertó este lunes sobre la proliferación de zonas de sacrificio en México, territorios donde comunidades enteras conviven con cáncer, abortos espontáneos y enfermedades crónicas por contaminación industrial. Marcos Orellana, encargado de evaluar las implicaciones para los derechos humanos de la gestión de sustancias y desechos peligrosos, concluyó una visita de 12 días al país para recopilar información y escuchar a comunidades, autoridades y expertos.
Según Orellana, México registra zonas de sacrificio en las que, según información recibida de al menos 20 fuentes, las comunidades carecen de protección adecuada frente a la contaminación. El inventario oficial de sitios contaminados contabiliza 1.142 lugares, aunque el relator señaló que la cifra real es probablemente mayor. El experto recorrió siete estados durante la visita y recalcó preocupaciones sobre riesgos para la salud y derechos humanos relacionados con la exposición a sustancias tóxicas.
Entre los casos mencionados, el relator criticó el crecimiento descontrolado de más de 500 granjas porcícolas en Yucatán, instaladas sin consulta a comunidades mayas ni autorizaciones ambientales, y que, dijo, contaminan mantos acuíferos del Anillo de Cenotes. En Querétaro, señaló que la minería artesanal de mercurio ha elevado los niveles del metal hasta 500 veces por encima de valores de referencia, generando una “grave crisis de salud pública”. En Hidalgo, indicó que el corredor industrial Tula-Tepeji expone a la población a una mezcla de toxinas de cementeras, acereras y termoeléctricas. Además, el relator criticó que México haya aumentado las importaciones de desechos para ser quemados como “coprocesamiento” o “combustible barato”, condición que, a su juicio, tiene altos costos para la salud y contraviene principios de una economía circular.
Orellana también llamó la atención sobre la contaminación de ríos como Atoyac, Lerma, Tula y Sonora, este último afectado por un derrame de 2014 en la minera Buenavista del Cobre. Aseguró que la falta de reparación integral agrava la situación de las comunidades y que la exposición a metales pesados y la falta de transparencia en Sonora “configuran un escenario que perpetúa la vulneración de derechos”. En cuanto a plaguicidas, recordó que México ha prohibido glifosato y 35 sustancias, pero no cuenta con una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos; en la Península de Yucatán, el uso de estos productos ha provocado la muerte de abejas y la contaminación de pozos, con agua embotellada que podría contener glifosato, según el relato del relator.
El experto instó a aprobar leyes generales de sustancias químicas y de plaguicidas peligrosos y a coordinar acciones entre autoridades de salud y medio ambiente para asegurar una gobernanza efectiva. Según su evaluación, “el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es una piedra angular de un futuro de paz y prosperidad”, citando, según dijo, la experiencia de una joven maya en Campeche. Concluyó que, si bien México ha mostrado liderazgo en acuerdos ambientales a nivel internacional, hay una “distancia preocupante” entre ese marco y los retos internos, y subrayó la necesidad de respuestas institucionales claras, transparencia y medidas de protección a comunidades vulnerables. En términos prácticos, pidió avanzar en la implementación de reformas regulatorias y un enfoque más integral de derechos humanos para la gestión de sustancias y residuos peligrosos, con plazos y mecanismos verificables. El relator no propuso una fecha límite, sino directrices para avanzar en la protección de derechos y la salud de la población.
