Experta afirma que el genocidio sería la forma última de tortura para el pueblo palestino
La relatora especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que sostiene que Israel ha institucionalizado la tortura como una pieza estructural del genocidio y del apartheid colonial contra el pueblo palestino. El documento, titulado “Tortura y genocidio”, señala que desde el 7 de octubre de 2023 se ha sometido a los palestinos a un régimen sistemático de tortura que abarca abusos en centros de detención y un “entorno tortuoso” en la Palestina ocupada, mediante desplazos forzados, asedio, hambruna, asesinatos y destrucción de infraestructuras.
En el texto, Albanese afirma que “la tortura no es violencia incidental. Es la arquitectura del colonialismo de asentamiento” y que está sustentada por políticas de deshumanización y de crueldad colectiva. El informe indica que más de 18.500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023, entre ellos más de 1.500 menores, y que al menos 9.245 permanecen en detención, donde se documentan prácticas como palizas, violaciones, inanición, desnudez forzada, privación de atención médica, uso de perros, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. También señala que unas 4.000 personas están desaparecidas.
La relatora subraya que estos abusos estarían coordinados por altos funcionarios de Israel, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien habría promovido una “revolución penitenciaria” que institucionalizó la degradación de los detenidos palestinos. Albanese citó testimonios durante la presentación en Ginebra, incluidos relatos de agresiones dentro de centros de detención.
Más allá de las cárceles, el informe señala que las condiciones de vida impuestas en Gaza y Cisjordania constituyen un acto de tortura colectiva. Describe la destrucción masiva de viviendas, el bloqueo de ayuda humanitaria, el asesinato de personal médico y la campaña de desplazamiento forzado como parte de una estrategia para infligir sufrimiento físico y mental a largo plazo. Albanese indicó que, cuando la tortura se utiliza sistemáticamente contra una población entera, puede considerarse una prueba de la intención genocida.
El informe llama a cesar de inmediato todas las formas de tortura y maltrato y a permitir el acceso de organismos internacionales a los centros de detención. También insta a los Estados a activar mecanismos de jurisdicción universal y a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue y emita órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluidos Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz, por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio. Albanese afirmó que la respuesta de la comunidad internacional “pondrá a prueba nuestra responsabilidad jurídica y moral colectiva” y que “el derecho internacional es inequívoco” en cuanto a la prohibición de la tortura y del genocidio.
El informe concluye que “cada demora agrava un daño irreversible y afianza un sistema de crueldad” que el derecho internacional y las Naciones Unidas están diseñados para prevenir, detener y castigar, y presenta un marco para acciones internacionales y de supervisión futura, sin opiniones propias sino atribuidas a las autoridades que lo elaboraron.
