Corte Suprema de Justicia aplica la cadena perpetua, según autoridades
La Comisión Política de la Asamblea recibió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros y Fernando Marroquín, para avanzar en el estudio de reformas al Código Penal, a la Ley contra Actos de Terrorismo, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y a la Ley Penal Juvenil. Las normativas secundarias deben ser homologadas con el artículo 27 de la Constitución de la República, modificado el pasado 17 de marzo para habilitar la pena de cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
El presidente de la Comisión, diputado Ernesto Castro, afirmó que los cambios propuestos no violan ningún tratado internacional, entre ellos los compromisos del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los representantes de la CSJ coincidieron en que no existe incompatibilidad entre las reformas de las cuatro leyes y la Constitución, y señalaron que habrá una regulación acorde al ordenamiento jurídico.
Los parlamentarios respaldan la iniciativa del presidente Nayib Bukele de eliminar la prohibición para aplicar la cadena perpetua en los referidos delitos, al considerar que se trata de ataques graves contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Según las estadísticas del gabinete de Seguridad, en 2025 se registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional.
Entre las aportaciones técnicas de la CSJ, Quinteros señaló que la reforma contempla tres delitos de extrema gravedad, entre ellos las violaciones, que afectan a grupos vulnerables como niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres, y que estos delitos pueden truncar proyectos de vida al generar embarazos o contagios de enfermedades de transmisión sexual. Marroquín añadió que, en caso de ratificarse la cadena perpetua, no existiría conflicto con diversos tratados internacionales y que la reforma mantiene coherencia con las leyes secundarias al respetar los lineamientos de convivencia social, con el objetivo de evitar la repetición de estos delitos.
