Pleno del Congreso ratifica reforma constitucional que habilita la cadena perpetua
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó reformas que permiten la aplicación de la pena de cadena perpetua en el país, con el objetivo de castigar con mayor rigor los delitos de homicidio, violación y terrorismo. La reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, aprobada con 58 votos, habilita la imposición de este castigo en esos ilícitos, según la explicación de la mayoría de los diputados.
Además de la reforma constitucional, la Asamblea aprobó enmiendas a varios cuerpos legales para armonizarlos con la nueva previsión: el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con porcentajes de respaldo similares en la votación. La aprobación se dio después de la sesión en la que los parlamentarios indicaron que estas modificaciones buscan reforzar la seguridad y la paz en el marco del gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha contado con apoyo del Órgano Legislativo.
El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, afirmó que la votación representaba un hito y afirmó que, según su interpretación, se enviaba un mensaje a las víctimas y a las familias afectadas. En respuesta, diversas diputadas y diputados destacaron que la reforma es una reivindicación para las víctimas y que fortalece la respuesta del Estado ante delitos graves, mientras que otros señalaron la necesidad de analizar las implicaciones para el sistema judicial y los derechos de los imputados.
Entre los cambios destacan: en el Código Penal, la posibilidad de imponer pena de prisión de por vida para homicidio simple, homicidio agravado, violación y violación con mayor gravedad; la creación de cuatro artículos nuevos (85-A, 92-B, 92-C y 344-A). En la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, se reformarán los artículos 45 y 46 para contemplar cadena perpetua en feminicidio y feminicidio agravado, y se incorporará un nuevo artículo que crea una jurisdicción especializada en materia de género.
Asimismo, la Ley Penal Juvenil sufrirá ajustes para que menores de edad que cometan delitos graves sean sancionados con prisión perpetua. En la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo se incrementarán las penas para integrantes de pandillas y para líderes, mientras que el tipo penal de terrorismo y sus agravantes también se verá modificado en otros preceptos. En el código procesal, se eliminará el límite máximo de duración de la detención provisional para los delitos de extrema gravedad y se incluirán estos delitos en la lista de aquellos que no prescriben; además, se crearán los Juzgados de lo Criminal y se definirá un procedimiento especial para delitos de extrema gravedad, para su tramitación y eventual revisión de la pena perpetua.
La discusión y votación incluyeron opiniones técnicas de autoridades como el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. El registro de 2025 muestra una incidencia de 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional, datos citados por defensores de las reformas para ilustrar el contexto de seguridad.
Diversos representantes mostraron posturas contrastantes: mientras algunos perciben la reforma como un paso necesario para garantizar la seguridad y la paz, otros subrayaron la necesidad de vigilancia de derechos y garantías judiciales. Entre las voces recogidas, una diputada enfatizó que la medida busca responder a las víctimas y a las comunidades afectadas; otro legislador afirmó que estas reformas son necesarias para avanzar en la seguridad de la población.
Según el plan aprobado, los cambios serán implementados con un marco progresivo que contempla la revisión de sentencias y la creación de estructuras judiciales especializadas. Los efectos prácticos, costos y criterios de elegibilidad quedarán sujetos a implementación institucional y eventual revisión judicial, sin que la nota de prensa oficial haya detallado un cronograma preciso de implementación. En este momento, el contexto es de cambios legales para ampliar las penas en delitos considerados de extrema gravedad y de ajuste del aparato judicial para su aplicación.
