Reformas legales podrían reducir el costo de la energía eléctrica, según el ministerio de Energía
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó a favor de reformar la Ley General de Electricidad con el objetivo de garantizar un suministro energético de calidad y que los usuarios finales se beneficien de toda la cadena de valor del mercado eléctrico, especialmente en lo relativo a la generación distribuida, es decir, la energía producida por pequeños generadores conectados a redes de distribución, como la solar.
Antes de la aprobación del dictamen, expertos de la cartera explicaron que las reformas buscan corregir vacíos regulatorios en la modalidad de generación distribuida, en particular en la definición de precios, que hasta ahora se fijaban mediante contratos bilaterales entre generadores y distribuidoras. La generación distribuida ha registrado un crecimiento sostenido sin una regulación integral, y alcanza actualmente unos 553 megavatios instalados en el país, por lo que se considera necesario establecer reglas claras para su desarrollo, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
La propuesta contempla la creación de un mercado minorista de energía que regulará las transacciones en las redes de distribución y complementará el mercado mayorista. También se plantea una medición comercial regulada para conocer con precisión cuánto se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo ese costo puede trasladarse a la tarifa eléctrica. En esa línea, se indicó que el costo de la generación distribuida se ha calculado, en la práctica, con base en el costo de generación con diésel, lo que puede quintuplicar el precio respecto a opciones más económicas como la energía solar; se estima que generar con diésel podría rondar los 100 dólares por megavatio, frente a cerca de 50 dólares por MWh con energía solar, lo que, al aumentar la participación de la solar, podría disminuir el costo total para los usuarios, según explicó el funcionario.
La iniciativa también busca reducir la dependencia de hidrocarburos en la generación eléctrica e incluir nuevas disposiciones para fortalecer el control del sistema, como la regulación de los procesos de interconexión y acceso a la red, el seguimiento y la trazabilidad de proyectos, estudios técnicos obligatorios para garantizar la capacidad de la red para integrar nuevos proyectos, monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y la integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía. Además, se refuerza el papel de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que podría quedar a cargo de autorizar interconexiones, definir cargos y realizar estudios para determinar la capacidad máxima de integración de generación distribuida en el sistema.
