Petro afirma que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, habrá recortes de recursos públicos para sectores de mayores ingresos
La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, emitido por el Gobierno el 22 de diciembre pasado para declarar la emergencia económica. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará al Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma tributaria para cubrir el déficit fiscal, y advirtió que, si el Legislativo no aprueba la iniciativa, el Gobierno podría iniciar un recorte de recursos públicos transferidos a los sectores más pudientes a través de contratos de 4G y 5G.
Según el presidente Petro, aún existe una última oportunidad para presentar ante el Congreso la reforma tributaria, que describe como necesaria para las arcas del Estado. En un acto desde Quibdó, durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, reiteró que la carga de la reforma recaería principalmente sobre los sectores más ricos del país y señaló que el Gobierno ha acudido al Congreso en múltiples ocasiones para impulsar medidas de tributación.
Petro afirmó que, en caso de que el Congreso no apruebe la reforma, la autoridad fiscal podría evaluar un recorte “billonario” del gasto público que se destina a la banca y a las obras vinculadas a contratos de 4G y 5G. El mandatario precisó que estas medidas no afectarían el gasto social ni las obligaciones de indemnización a víctimas del conflicto armado, subrayando que ese marco está protegido por la Constitución.
El jefe de Estado reiteró que, a su juicio, las decisiones de la Corte Constitucional “limitan” la capacidad del Gobierno para financiarse y atender las necesidades públicas, y criticó lo que calificó como obstaculización de la posibilidad de pagar indemnizaciones a víctimas. También indicó que, con las condiciones actuales, la amortización de estos pagos podría prolongarse durante varias décadas y cuestionó la viabilidad de sostener un proceso de paz si no se mantiene una asignación adecuada de recursos públicos.
