Aprobadas reformas para reducir precios de la factura eléctrica a través de energías renovables
La Asamblea Legislativa reformó, con 56 votos a favor, la Ley General de Electricidad para ordenar y potenciar la generación distribuida en El Salvador, con el objetivo de reducir el costo de la energía para la población, según informaron los diputados.
Las modificaciones buscan establecer un marco normativo más claro para la generación distribuida, definida como la producción de energía a pequeña escala —por ejemplo, con tecnologías solares— conectada directamente a las redes de distribución. Además, la reforma pretende corregir vacíos regulatorios, en particular en la fijación de precios que, hasta ahora, se ha determinado mediante acuerdos bilaterales entre generadores y distribuidoras, según explicó la Comisión de Tecnología y el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez.
Álvarez indicó ante los diputados que la generación distribuida ha crecido de forma sostenida en el país y que, a la fecha, alcanza los 553 megavatios instalados, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de contar con reglas claras que acompañen su expansión.
Entre los cambios señalados, la normativa crea un mercado minorista de energía para regular las transacciones en las redes de distribución y complementar el mercado mayorista. También establece una medición comercial regulada para determinar con precisión la energía generada, la inyectada a la red y su impacto en la tarifa eléctrica, detallaron fuentes oficiales.
A nivel de costos, el texto recuerda que actualmente los precios de esta modalidad se calculan tomando como referencia la generación con combustibles como búnker o diésel, cuyo costo puede superar al de fuentes renovables; se estima que tecnologías como la solar son más económicas y podrían traducirse en una reducción para los usuarios, según la exposición oficial.
Asimismo, las reformas buscan disminuir la dependencia de hidrocarburos en la matriz energética y promover alternativas limpias y sostenibles. En términos de supervisión, se fortalecen las atribuciones de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que pasará a autorizar interconexiones, definir cargos y evaluar la capacidad del sistema para incorporar nuevos proyectos, además de introducir mecanismos de monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y la integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.
