Gabinete del presidente Balcázar declara emergencia en distritos de Cajamarca en el marco de la lucha contra la minería ilegal
La resolución fue publicada en Lima el 12 de abril de 2026. Según el Decreto Supremo N.º 052-2026-PCM, el Gobierno del presidente José María Balcázar declaró un estado de emergencia por sesenta días calendario en distritos de Cajamarca para restablecer el orden interno ante el incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia.
La medida alcanza a Encañada y Chetilla (provincia de Cajamarca); Cachachi (Cajabamba); Sorochuco y Huasmin (Celendín); Contumazá (provincia homónima); Chalamarca (Chota); Hualgayoc, Chugur y Bambamarca (Hualgayoc); San Ignacio y San José de Lourdes (San Ignacio); y Gregorio Pita (San Marcos).
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y priorizará intervenciones con base en inteligencia, indicadores y mapas del delito para enfrentar las actividades vinculadas a la minería ilegal.
Asimismo, se dispone la restricción del ejercicio de determinados derechos constitucionales, conforme al artículo 137 de la Constitución, en lo referido a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal dentro de las zonas afectadas por la medida.
El decreto también establece la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada y comités especializados de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de entidades del Estado a los tres niveles de gobierno, con el fin de ejecutar acciones integradas para reducir la criminalidad y desarticular organizaciones vinculadas a la minería ilegal.
Además, se implementarán operativos de control territorial, patrullajes permanentes, fiscalización de insumos y rutas vinculadas a actividades ilícitas, así como acciones de inteligencia orientadas a identificar y neutralizar estructuras criminales que operan en la zona.
El Gobierno subraya que la medida busca fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar el Estado de derecho y proteger a la población frente a las amenazas derivadas de la minería ilegal, mediante una intervención articulada y sostenida en el territorio. Se detalló que las acciones contempladas se ejecutarán de forma coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno y en apego a las normas constitucionales y legales vigentes.
