Apoyan iniciativa para legalizar terrenos de habitantes de comunidad en Puerto El Triunfo, El Salvador
La medida permitiría al Ministerio de Hacienda transferir dos inmuebles a FONAVIPO para que los habitantes de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, reciban sus escrituras de propiedad.
La norma propone un procedimiento especial para que, una vez transferidos los inmuebles a FONAVIPO, estos sean legalizados y entregados gratuitamente a las familias de la comunidad.
La comunidad Barrio La Aduana se ubica en un terreno urbano en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda, en Puerto El Triunfo.
El inmueble, propiedad del Ministerio de Hacienda, tiene una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 metros cuadrados están ocupados por las familias.
Además, la comunidad utiliza un segundo terreno, ubicado al final de la avenida Francisco Osegueda, con una extensión de 1,573 metros cuadrados.
Ese espacio fue declarado en desuso por la alcaldía en febrero de 2023 y dejó de considerarse bien público para facilitar su asignación a la comunidad.
Posteriormente, en julio de 2023, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de ambos inmuebles a FONAVIPO para su entrega a las familias; la decisión fue ratificada en mayo de 2025 para luego dirigir la solicitud al Órgano Legislativo.
El diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Usulután, Ángel Lobos, señaló que al reunirse con los habitantes de Barrio La Aduana, estos expresaron que habían esperado décadas para legalizar sus tierras, pero ninguna autoridad atendió su solicitud, incluidas gestiones legislativas anteriores.
«Ha llegado ese momento para que tengan esa seguridad jurídica, posean esas escrituras y puedan heredar a sus hijos y nietos. Son más de 60 familias las que serán beneficiadas», afirmó el legislador.
Proceso de legalización de terrenos
En cuanto al proceso de legalización, de aprobarse la ley podrían beneficiarse las personas o familias que hayan ocupado los terrenos de forma continua durante al menos 10 años y tendrían acceso a programas de apoyo o créditos de FONAVIPO para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El Ministerio de Hacienda asumiría el pago de las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley, la cual entraría en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
A partir de ese momento, FONAVIPO continuaría con los trámites ante la alcaldía para completar la transferencia a las familias.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, realizaría un censo de beneficiarios y aprobaría la lotificación de los terrenos.
Dicho ministerio, a través de la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP), también ejecutaría las mediciones, la delimitación de lotes y gestiones ante el Centro Nacional de Registros (CNR) para su inscripción.
El proceso de legalización, al ser declarado de interés social, quedaría exento de impuestos, derechos registrales y otros costos, facilitando la transferencia de los inmuebles.
Las familias beneficiadas no podrían vender, alquilar ni transferir las propiedades durante un plazo de 20 años, excepto a favor de FONAVIPO para que pueda ser reasignado.
En caso de incumplimiento, el inmueble podría ser recuperado por la institución;
