Prorrogan estado de emergencia en distintos distritos para combatir el crimen organizado
Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos supremos 064-2026-PCM y 063-2026-PCM, publicados en el Diario Oficial El Peruano. Ambas disponen la ampliación del estado de emergencia por 60 días calendario en distintas jurisdicciones del país.
En el caso del Decreto Supremo N.° 064-2026-PCM, la prórroga alcanza los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, en la provincia de Piura; así como Sullana y Bellavista, además de las provincias de Paita y Talara, en la región Piura.
La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las acciones se basarán en labores de inteligencia, indicadores y mapas del delito.
La norma busca seguir enfrentando el tráfico ilícito de drogas, el robo agravado, el contrabando, el sicariato y la tenencia ilegal de armas de fuego, entre otras expresiones de violencia vinculadas a organizaciones criminales.
Asimismo, las intervenciones deberán desarrollarse con respeto a los derechos fundamentales y conforme a la legislación vigente sobre uso de la fuerza y protección de personas en condición de vulnerabilidad.
A través del Decreto Supremo N.° 063-2026-PCM, también se prorrogó el estado de emergencia en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín ubicados en la zona del Vraem.
La medida comprende Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, en la provincia de La Mar (Ayacucho); Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, en La Convención (Cusco); y Pangoa y Río Tambo, en Satipo (Junín).
La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas para preservar y restablecer la seguridad frente a delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Las operaciones se ejecutarán sobre la base de labores de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito, con el fin de focalizar las intervenciones en las zonas con mayor incidencia criminal.
Con estas medidas, se busca fortalecer la seguridad ciudadana y la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la criminalidad y el narcotráfico.
