MSF denuncia el aumento de la violencia contra la población civil y la atención sanitaria en Sudán del Sur
La organización lo recoge en su informe sobre la escalada de violencia en el país, titulado “Los mataron mientras huíamos”. Entre enero de 2025 y abril de 2026, 12 ataques contra su personal e instalaciones dejaron a unas 762.000 personas sin acceso a atención médica.
MSF pidió a las autoridades de Sudán del Sur, al Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) y a todas las partes en conflicto que protejan y respeten a la población civil y las infraestructuras civiles.
Los ataques directos contra civiles y contra la atención sanitaria constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario, recordó la organización. Ese marco obliga a todas las partes a proteger a la población civil y a evitar el uso de fuerza indiscriminada o desproporcionada.
“Huí con mi hijo. Desde lejos podía ver el pueblo ardiendo”, relató una mujer desplazada atendida en una instalación de MSF en Chuil, en el estado de Jonglei. “Quemaron las casas. Quemaron a mi abuela dentro del tukul [casa tradicional]”.
“Las personas mayores se quedaron atrás, no podían huir con nosotros. Mataron a los ancianos”, añadió.
Los ataques, tanto selectivos como indiscriminados, perpetrados por fuerzas gubernamentales, de oposición y otros actores armados están causando un daño creciente a la población y dificultando el acceso a una atención médica vital.
Desde enero de 2025, MSF ha atendido una media de 16 personas al día por heridas relacionadas con la violencia en seis estados —Jonglei, Alto Nilo, Ecuatoria Central, Lagos, Warrap y Ecuatoria Occidental— y en dos áreas administrativas, Abyei y Gran Pibor.
“En estas zonas, la población civil sufre ataques aéreos y terrestres, reclutamiento forzoso, secuestros y una violencia sexual y de género generalizada”, explicó Zakaria Mwatia, coordinador general de MSF en Sudán del Sur. “Ciudades y pueblos densamente poblados están siendo atacados”.
La magnitud de la violencia se refleja en los datos médicos de la organización. En 2025 se registraron 138 ataques aéreos en el país, frente a solo dos en 2024. Ese mismo año, MSF atendió a 6.095 personas por heridas relacionadas con la violencia.
Entre esas lesiones hubo heridas de bala, explosiones y casos de violencia sexual y de género. Los casos de heridas por arma de fuego aumentaron un 77%. Solo entre enero y abril de 2026, MSF había tratado ya a más de 1.800 personas heridas por la violencia, incluidas 885 supervivientes de violencia sexual.
“Fue violada en grupo en Yei”, contó un miembro del personal de MSF al referirse a una paciente atendida en el hospital civil de Yei, en Ecuatoria Central, en marzo de 2026. “No sabía cuántos hombres eran”.
“Acudió a nosotros para recibir tratamiento. Después, su abuela la llevó al pueblo pensando que allí estaría a salvo. El lunes siguiente salió sola a recoger leña y volvió a ser violada por un hombre armado no identificado. Regresó a nuestra clínica el martes”.
La atención sanitaria tampoco se ha librado de la violencia. Desde enero de 2025, MSF ha sufrido 12 ataques contra su personal y sus instalaciones, incluidos secuestros y saqueos.
El hospital que apoya en Old Fangak fue bombardeado deliberadamente por fuerzas gubernamentales en mayo de 2025, y el hospital de Lankien volvió a ser atacado por las mismas fuerzas en febrero de 2026. Además, instalaciones en Ulang, Pieri y Akobo fueron saqueadas en incidentes separados.
Al mismo tiempo, el espacio humanitario se está reduciendo de forma alarmante. “La inseguridad generalizada, las restricciones de acceso y la instrumentalización de la ayuda impiden cada vez más que las organizaciones humanitarias lleguen a quienes más lo necesitan”, añadió Mwatia.
“MSF observa un patrón preocupante de bloqueos de acceso y órdenes de evacuación dirigidas tanto a civiles como a actores humanitarios”, dijo.
La ayuda humanitaria se está utilizando como un instrumento para alcanzar objetivos militares y políticos. Los intentos de obligar a las ONG a trasladar la asistencia hacia o fuera de determinadas zonas privan a comunidades enteras, especialmente en áreas controladas por la oposición en Jonglei y Alto Nilo, de apoyo vital.
La población civil también sufre desplazamientos forzados, daños físicos inmediatos y a largo plazo, un mayor riesgo de desnutrición y enfermedades, un deterioro de la salud mental y la pérdida de medios de subsistencia.
Los largos desplazamientos sin acceso regular a alimentos y agua, sumados a las duras condiciones de vida y a una respuesta humanitaria limitada, aumentan aún más su vulnerabilidad. MSF reiteró que la población civil, el personal sanitario y las organizaciones humanitarias deben ser protegidos en todo momento.
La organización también reclamó que el acceso humanitario se garantice sin obstáculos para que la ayuda llegue a todas las personas que la necesitan, estén donde estén. MSF está presente en Sudán del Sur desde 1983 y el país sigue siendo uno de sus mayores contextos de intervención en el mundo.
Desde principios de 2025, los combates se han intensificado en todo el territorio. Las fuerzas gubernamentales —las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y sus aliados, incluidas las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF)— se enfrentan a una coalición fragmentada de grupos armados de oposición.
Entre esos grupos figuran el SPLA-IO, el Frente Nacional de Salvación (NAS), el Ejército Blanco Nuer y milicias aliadas. No se trata de un conflicto entre dos bandos claramente definidos, sino de una guerra entre múltiples partes con alianzas cambiantes, marcada por divisiones étnicas, regionales y políticas.
