Aprueban legalización de terrenos para comunidad 2 de Noviembre, El Salvador, tras 25 años de espera
La solicitud fue presentada por Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, para incorporar a esa comunidad entre los beneficios de la normativa. La reforma permitirá que FONAVIPO inicie la transferencia de títulos de propiedad a las familias que viven en la zona desde hace más de dos décadas y aún no tienen escrituras.
Castro calificó el proceso como un hecho histórico. Según recordó, la comunidad comenzó a formarse entre 2000 y 2001, cuando varias familias compraron lotes en el lugar, pero después fueron víctimas de una estafa superior a $50,000.
El legislador afirmó que, tras conocer el caso a través de líderes comunitarios, se coordinaron acciones con instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda para buscar una solución jurídica. También recordó que el 8 de mayo visitó la comunidad para entregar el informe técnico del MOPT que autorizó la desafectación del tramo en desuso.
Castro explicó que luego presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, donde fue analizada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial antes de llegar al pleno. Sostuvo que la aprobación resuelve una problemática que no tuvo respuesta durante décadas.
El acercamiento con la comunidad comenzó en julio de 2025, cuando líderes comunitarios se reunieron con Castro y su equipo técnico para impulsar la desafectación de la calle donde están asentadas las familias.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2026, el diputado entregó el Informe Técnico de Inspección y Factibilidad emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). El documento autorizó la desafectación al determinar que el tramo ya no tiene uso vial y puede convertirse en un bien patrimonial apto para vivienda.
Después, presentó la iniciativa durante la Sesión Plenaria N.° 109 y fue enviada a la comisión correspondiente. El lunes 18 de mayo de 2026, representantes de la comunidad asistieron a esa instancia para impulsar la aprobación del decreto.
La legalización busca resolver una situación de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica que ha afectado históricamente a los habitantes de la comunidad, fundada entre 2000 y 2001. Durante 25 años, las familias enfrentaron precariedad habitacional y el asedio de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS).
La comunidad también denunció una estafa masiva superior a $50,000 en 2015, atribuida a Nelson Hugo Ramírez Sigarán, quien cumple condena por estafa agravada tras ofrecer supuestos procesos de legalización que no se concretaron. Los habitantes también señalaron años de promesas sin cumplimiento por parte de administraciones y partidos tradicionales.
