Aprueban legalización de terrenos para comunidad 2 de Noviembre, El Salvador, tras 25 años de espera
La solicitud fue presentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para incorporar a esa comunidad entre los beneficios de la normativa. La reforma permitirá que FONAVIPO inicie la transferencia de títulos de propiedad a las familias que viven allí desde hace más de dos décadas.
Castro calificó el proceso como un hecho histórico. Recordó que la comunidad comenzó a formarse entre 2000 y 2001, cuando varias familias adquirieron lotes en la zona, pero la legalización nunca se concretó y luego fueron víctimas de una estafa superior a los $50,000.
“Pasaron muchas personas, políticos, alcaldes y aspirantes a diputados durante muchos años y períodos, pero al final nadie les resolvía”, dijo Castro. Añadió que, tras conocer el caso por líderes comunitarios, se iniciaron coordinaciones con autoridades e instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda.
El 8 de mayo, Castro visitó la comunidad para entregar el informe técnico del MOPT, que autorizó la desafectación de la calle en desuso donde están asentadas las familias. “Ese día yo no llegué con un discurso, llegué con un papel”, expresó.
Después presentó la iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, donde fue estudiada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial antes de pasar al pleno. Con la aprobación, dijo, se resuelve una problemática que durante décadas no había recibido respuesta.
“Queremos agradecerles a la comunidad 2 de Noviembre por invitarnos a ser parte de su historia, de esta lucha de 25 años”, sostuvo Castro. El proceso para avanzar en la legalización comenzó en julio de 2025, cuando líderes comunitarios sostuvieron acercamientos con él y su equipo técnico.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2026, Castro entregó el Informe Técnico de Inspección y Factibilidad emitido por el MOPT, que determinó que el tramo ya no tiene uso vial y puede convertirse en un bien patrimonial apto para vivienda. Luego, presentó la iniciativa en la Sesión Plenaria N.° 109.
Como parte del proceso, el 18 de mayo de 2026 representantes de la comunidad acudieron a la Asamblea Legislativa para participar en la comisión respectiva e impulsar la aprobación del decreto. La legalización busca resolver la vulnerabilidad e incertidumbre jurídica que ha afectado históricamente a sus habitantes.
Durante 25 años, las familias enfrentaron precariedad habitacional y el asedio de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS), además de gestiones sin respuesta ante instituciones estatales y municipales. En 2015 también sufrieron una estafa masiva superior a los $50,000 por parte de Nelson Hugo Ramírez Sigarán, condenado por estafa agravada.
