Más de 2,6 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria en Ecuador
La IPC clasifica la inseguridad alimentaria en cinco fases. En Ecuador, la situación se concentra sobre todo en la Fase 3, o Crisis, y la Fase 4, o Emergencia.
En la Fase 3, las familias reducen lo que comen, venden bienes o se endeudan para sobrevivir. En la Fase 4, el hambre ya pone en riesgo la vida y aparecen la desnutrición aguda y el agotamiento de las estrategias de supervivencia.
La Fase 5, o Catástrofe/Hambruna, describe una situación extrema con muertes por hambre. Aunque no se reporta de forma masiva en Ecuador, el informe advierte que existe riesgo de avanzar hacia ese escenario si no hay respuesta. Las 2,6 millones de personas citadas están en Fase 3 o superior y requieren asistencia urgente.
La emergencia responde a una combinación de factores que se refuerzan entre sí. Entre ellos figuran la violencia y el desplazamiento, el aumento de los precios de los alimentos, la pobreza, el clima extremo y la falta de servicios básicos.
Ecuador registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 7,7 en 2018. Esa violencia desplazó a 316.000 personas entre 2022 y 2024, que dejaron tierras, cultivos y empleos para sobrevivir.
A eso se suma el alza sostenida de los precios, en especial de la canasta básica. Muchas familias destinan más del 70% de sus ingresos solo a la comida y aun así no cubren sus necesidades.
El clima extremo también agrava la situación. Fenómenos como El Niño provocan inundaciones que destruyen cultivos, carreteras y medios de vida, sobre todo en zonas rurales. La temporada de lluvias de 2026 ya afectó a más de 100.000 personas en todo el país.
La falta de servicios básicos profundiza el problema. Cerca de 920.000 personas no tienen acceso a agua segura y 390.000 carecen de saneamiento adecuado en zonas rurales. Sin agua limpia aumentan las enfermedades y se dificulta la preparación de alimentos.
Las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Allí confluyen la violencia urbana y la vulnerabilidad rural, en un círculo que empuja a las familias a perder ingresos y alimentarse peor.
El informe plantea varias medidas: asistencia alimentaria de emergencia con distribución de alimentos o transferencias de efectivo; apoyo a la agricultura local con semillas, herramientas y capacitación; protección social con ingresos mínimos; y acceso a agua y saneamiento mediante inversión en infraestructura básica.
También advierte que reducir la violencia será clave para romper el ciclo del hambre. Como resume el enfoque humanitario integral, no se trata solo de dar comida hoy, sino de reconstruir los medios de vida para que las familias no dependan de la ayuda mañana.
La inseguridad alimentaria no implica solo tener poca comida. También afecta la nutrición infantil, el desarrollo cerebral, la capacidad de trabajar y estudiar, la estabilidad de las comunidades y el futuro del país. Cada mes de retraso encarece y dificulta la respuesta.
