Comisión avanza en el estudio de la Ley de Alianzas Público-Privadas para fortalecer la inversión en infraestructura pública
La normativa busca regular la creación, ejecución y terminación de alianzas entre el Estado y empresas privadas para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos.
Trigueros sostuvo que El Salvador ha registrado avances institucionales, jurídicos y económicos que fortalecen las condiciones de seguridad y certeza para atraer la participación del sector privado en proyectos estratégicos.
También afirmó que es necesario actualizar el marco jurídico sectorial para facilitar el desarrollo de alianzas público-privadas bajo principios de transparencia, eficiencia económica, gestión eficiente, libre competencia, rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
De aprobarse la ley, se crearían la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAPP) y una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda, encargadas de evaluar y aprobar proyectos, declarar de interés público las iniciativas privadas y coordinar su desarrollo.
Las ofertas serían evaluadas por una comisión integrada por la entidad contratante y la DAPP. El contrato final establecería aspectos como duración, riesgos, tarifas, garantías y obligaciones.
Trigueros señaló que la entidad autónoma tendría a su cargo garantizar la seguridad jurídica de las propiedades, las empresas y las garantías financieras vinculadas a las obras de infraestructura bajo el nuevo marco legal.
Agregó que la participación del CNR se apoyaría en el Registro de Comercio, mediante el cual se constituirían las Sociedades de Propósito Especial (SPE) encargadas de ejecutar los proyectos y se inscribirían las garantías prendarias que respalden su financiamiento.
También indicó que podría establecerse la inscripción de garantías mobiliarias y subrayó la importancia de asegurar los terrenos y derechos de paso necesarios para las obras, a fin de evitar conflictos legales que afecten su desarrollo.
