Los terremotos agravan la fragilidad de un sistema de salud ya bajo presión en Venezuela
En una conferencia de prensa, la agencia regional señaló que la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. Aunque el aumento inicial de casos de trauma comenzó a estabilizarse en varios establecimientos evaluados, la respuesta entra ahora en una fase crítica para sostener servicios, garantizar la atención y avanzar en la recuperación temprana.
“La situación previa a los sismos fue una situación de largo plazo por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud. Esa situación ha empeorado significativamente luego de los terremotos”, afirmó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.
El impacto sobre la red sanitaria ha sido amplio. Tres hospitales tuvieron que ser evacuados por daños estructurales y otros 24 vieron afectado temporalmente su funcionamiento, aunque muchos ya reanudaron servicios básicos. Otros 20 centros hospitalarios sufrieron daños menores.
La afectación también alcanzó a los servicios fuera de los hospitales. Veinte centros ambulatorios resultaron dañados y más de 100 unidades comunitarias de atención primaria fueron afectadas, 20 de ellas de forma severa.
En los primeros días tras los sismos, algunas salas con capacidad para 50 camas llegaron a atender a más de 200 pacientes. La llegada de equipos médicos de emergencia internacionales permitió ampliar la atención quirúrgica, la hospitalización y los servicios de urgencia.
Actualmente, 12 equipos médicos de emergencia están operativos en Venezuela. Algunos, enviados por más de 20 países, dejarán parte de sus instalaciones y equipamiento en el país para apoyar también la recuperación de los servicios sanitarios.
La OPS informó además que ha entregado seis toneladas métricas de insumos médicos de emergencia procedentes de su reserva estratégica en Panamá y ha facilitado apoyo para la vacunación, con el objetivo de proteger a las poblaciones afectadas y mantener servicios esenciales.
Jarbas Barbosa, director de la OPS, advirtió que los mayores riesgos tras un terremoto no siempre provienen de los cuerpos de las personas fallecidas, sino de la interrupción de los servicios sanitarios, el hacinamiento, las deficiencias de agua y saneamiento y la caída de la vacunación y la atención de rutina.
Hasta el momento se reportan 17.000 personas desplazadas, la mayoría concentradas en 87 campamentos transitorios. En esos espacios, las acciones preventivas serán decisivas para evitar nuevas enfermedades.
“No hay casos de cólera en Venezuela, así que no se esperan casos de cólera”, aclaró Barbosa. “Las enfermedades más comunes en los albergues son las de transmisión respiratoria, las diarreicas por la falta de acceso a agua tratada y el manejo no adecuado de los alimentos, y también las de la piel”.
Para reducir esos riesgos, la respuesta se concentra en reforzar la vigilancia epidemiológica, ampliar la notificación de posibles casos en campamentos y centros de salud, fortalecer los laboratorios y garantizar acceso a vacunas, agua potable y saneamiento.
La vacunación es una de las principales preocupaciones. La OPS indicó que Venezuela ya tenía coberturas por debajo de lo necesario antes de los sismos y que la concentración de niños en campamentos puede aumentar el riesgo de brotes.
“Si hay un caso de sarampión, eso puede transformarse en un brote, así como la tos ferina y otras enfermedades”, señaló Barbosa, al insistir en que recuperar la cobertura de vacunación es fundamental en esta etapa.
Además de las vacunas que el país estaba adquiriendo a través del Fondo Regional Rotatorio, la respuesta se ha acelerado con donaciones priorizadas para tétanos y sarampión. La agencia estimó que Venezuela necesita alrededor de 50 millones de dólares al año para sostener su esquema de vacunación y la infraestructura necesaria.
La emergencia también afecta a personas que no resultaron heridas directamente por los sismos, pero que pueden perder acceso a tratamientos esenciales. Entre los grupos más vulnerables figuran personas con diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes que necesitan rehabilitación.
La agencia explicó que los insumos más urgentes incluyen materiales para completar cirugías pendientes y segundas revisiones quirúrgicas, medicamentos para enfermedades crónicas, apoyo en salud mental y tratamientos para personas que permanecen en albergues.
Unas 400 personas continúan hospitalizadas, muchas de ellas en recuperación tras lesiones graves, cirugías, amputaciones o traumatismos que requerirán rehabilitación durante meses.
La salud mental también forma parte central de la respuesta. Miles de personas perdieron familiares, viviendas o medios de vida, mientras que muchos trabajadores de la salud siguen atendiendo a otros pese a haber sido afectados por la tragedia.
“Atender las lesiones físicas no es suficiente. Miles de personas han sufrido pérdidas, desplazamiento e incertidumbre. Los trabajadores de la salud también soportan una carga emocional considerable”, dijo Barbosa.
En La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos, la agencia estima que al menos la mitad de la fuerza laboral sanitaria ha sido afectada de alguna manera: por lesiones, fallecimientos o desapariciones de familiares, pérdida de viviendas, desplazamiento o impactos emocionales.
Esa reducción de personal está siendo cubierta con apoyo internacional y con el desplazamiento de profesionales nacionales desde otras regiones del país.
La Organización Panamericana de la Salud solicitó 24 millones de dólares para atender las necesidades urgentes hasta finales de año, pero hasta ahora ha movilizado unos 9 millones.
Según explicó, esos fondos no son para la reconstrucción de largo plazo, sino para la respuesta inmediata y la recuperación de servicios esenciales. Los recursos se destinan al despliegue de personal, envío de medicamentos e insumos, vigilancia epidemiológica, salud mental, rehabilitación y recuperación funcional de establecimientos.
“La comunidad internacional ayudó a salvar vidas en los primeros días después de los terremotos. Esa solidaridad debe continuar. La financiación oportuna y flexible es fundamental”, afirmó Barbosa.
La agencia indicó además que trabaja con más de 70 socios internacionales, 43 de ellos con presencia física en Venezuela, y que la ayuda se distribuye directamente a través de sus propios mecanismos de registro y seguimiento, en coordinación con las autoridades sanitarias.
Otro componente de la respuesta es el manejo digno y seguro de las personas fallecidas. La agencia informó que apoya a las autoridades forenses, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la recuperación, identificación, toma de muestras genéticas, disposición temporal y entrega de restos a las familias.
Según las cifras oficiales citadas por la agencia, los sismos han dejado 3811 muertos. De ellos, algo más de 300 habían sido sepultados sin identificación definitiva, aunque todos fueron numerados, registrados y enterrados de forma que puedan ser examinados nuevamente si sus familiares los reclaman.
Barbosa insistió en que la recuperación no puede limitarse a volver a la situación previa al desastre.
“Si bien la respuesta de emergencia sigue siendo la prioridad, también debemos mirar hacia adelante. La recuperación no puede significar simplemente volver a lo que existía antes. Tiene que haber una oportunidad de reconstruir servicios de salud más fuertes, más seguros, más resistentes y mejor preparados para futuras emergencias”, declaró.
