Palestinos de Cisjordania, afectados por la violencia de la ocupación israelí
Hasta la fecha, 1.109 palestinos, al menos 243 de ellos niños y niñas, han muerto a manos de las fuerzas israelíes y colonos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. Solo este año han perdido la vida 74 personas.
En Nablus, donde Médicos Sin Fronteras ofrece atención de salud mental, las mujeres atendidas describen las dificultades de su vida diaria y, en particular, los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. La situación se agravó cuando las autoridades israelíes denegaron el registro a numerosas organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas MSF.
En 2011, la hija de 2 años de Rana, que tenía una discapacidad, enfermó. La familia vivía en Azzoun Atma y no tenía coche. No circulaba ningún taxi. El pueblo, un enclave en la gobernación de Qalqilya rodeado de asentamientos y muros de separación, solo tiene una entrada: una puerta que el Ejército israelí abre durante pocas horas al día. Aquella noche estaba cerrada.
«Mi hija murió porque no pudimos salir», recuerda Rana. «Tuvimos que esperar a la mañana siguiente, a que se abriera la puerta y a que un taxi la llevara al hospital. Lo que yo he pasado, lo han pasado muchas madres palestinas. No quiero creer que haya ningún lugar en el mundo donde la gente sufra más que aquí».
Rana tiene 39 años y cinco hijos vivos, entre ellos un bebé de pocos meses. Dos de sus hijas gemelas tienen discapacidades graves. El día de su boda, en 2004, el Ejército israelí demolió parcialmente la casa familiar. Más de 20 años después, ella y su familia siguen reconstruyéndola, habitación a habitación, en la medida de sus posibilidades.
«Lo primero que se ve es el muro —cuenta desde su ventana—. Después, los asentamientos». Dos asentamientos israelíes lindan con Azzoun Atma: Sha’arei Tikva y Oranit. Ambos son ilegales según el derecho internacional. El trazado del muro de separación entre estos asentamientos y Azzoun Atma convirtió la aldea en un callejón sin salida.
Hace unos meses, cuando estaba a punto de dar a luz, Rana tuvo que armarse de valor para salir a la carretera por la noche. «Primero fui a Qalqilya —explica—. Me dieron una carta de derivación en la que ponía que tenía que ir a Nablus. Pero era de noche. Mi marido y yo lo pensamos durante mucho tiempo y, al final, decidimos arriesgarnos». Temía por ella y por su hijo, que aún no había nacido. Esta vez, todo salió bien.
«El mayor logro, hoy en día, es llegar a casa sana y salva», afirma.
Los equipos de MSF llevan décadas trabajando en Cisjordania y comparten esa valoración. «Cuando los palestinos de Cisjordania salen de casa por la mañana, no saben si podrán volver por la tarde, debido a los puestos de control. Cualquiera puede ser detenido y sometido a detención administrativa por el Ejército israelí durante meses o años. A esto se suma el temor a un ataque de los colonos o a una operación militar del Ejército israelí», señala Filipe Ribeiro, coordinador general de la organización en Palestina.
En diciembre de 2025, la OCHA contabilizó 925 obstáculos a la circulación que dificultaban de forma permanente o intermitente los desplazamientos de 3,4 millones de palestinos por toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La violencia de los colonos también ha cambiado de escala: se registraron al menos 3.088 ataques entre 2023 y 2025, una media de cuatro incidentes al día, frente a unos 1.860 entre 2021 y 2023, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El caso de Rana, que perdió a su hija, dista mucho de ser aislado. «Nos enfrentamos a un sistema de obstrucción de la asistencia sanitaria: se multiplican los controles de seguridad, se retrasan o bloquean ambulancias, se ataca el transporte médico, se rodean hospitales y se interrumpen tratamientos. La denegación de la asistencia sanitaria no es un daño colateral, es una forma de actuar», afirma Ribeiro.
Con la negativa de las autoridades israelíes a registrar a 37 organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas MSF, a principios de 2026, la situación se complicó aún más.
«En términos concretos, esto significa que ya no se nos permite llamar a las autoridades militares israelíes que controlan Cisjordania para coordinar los desplazamientos de nuestros equipos. Esto plantea problemas de seguridad reales», explica Ribeiro. «Nunca estamos seguros de que se respete la protección a la que tienen derecho nuestros equipos, en su calidad de trabajadores humanitarios, cuando salen de Nablus», añade.
La organización ya no puede desplegar personal internacional. Los equipos palestinos en Cisjordania reciben apoyo a distancia desde Amán, en Jordania.
Al no poder garantizar la seguridad de sus equipos fuera de la ciudad, MSF concentró todas sus actividades en una única clínica en Nablus y suspendió las actividades móviles, especialmente en Qalqilya y Tubas. Si Rana necesita una consulta de salud mental, debe viajar desde Azzoun Atma hasta Nablus, una ruta especialmente difícil.
«El trabajo en salud mental se hace cara a cara, no por teléfono», afirma Shorouq Al Madmooj, trabajadora social con 22 años de experiencia en MSF. «Queremos que nuestros pacientes vengan a Nablus a recibir atención, porque la necesitan. Pero, al mismo tiempo, no queremos ponerlos en peligro».
Con los años, Shorouq ha visto un deterioro significativo entre los pacientes de MSF. «Antes, los problemas a los que se enfrentaba la gente eran mucho más sencillos», explica. «Hoy las dificultades son mucho más complejas, tanto para los niños como para los adultos».
Los trastornos psicológicos aparecen a edades cada vez más tempranas. En los más pequeños, se manifiestan en forma de enuresis o hiperactividad, provocadas por «la ansiedad ante las incursiones militares. Por desgracia, la muerte se ha convertido en algo habitual en nuestra región. No sabemos qué nos deparará el mañana», recalca Al Madmooj.
Mariam tiene 25 años. Es del campo de Nur Shams, en Tulkarem, al norte de Cisjordania, y el camino hasta Nablus, según dice, es «difícil, lleno de desvíos, muy largo y agotador». Hace poco salió de un largo periodo de depresión.
«Cuando empezó la guerra [la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023], sentí la necesidad de cambiar algo, de hacer algo de lo que fuera capaz».
Hizo varios cursos de formación: primeros auxilios, socorrista y primeros auxilios avanzados. Después se presentó al examen de servicios médicos de urgencia junto a estudiantes de enfermería y obtuvo una nota alta. Terminó acompañando a las ambulancias durante las incursiones en el campo para ayudar a los heridos.
«Ni siquiera con nuestros chalecos había protección para los paramédicos, ni para los periodistas ni para nadie», afirma. «Mataban a la gente en sus propias casas, simplemente por asomarse a la ventana».
El 21 de enero de 2025, dos días después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza, el Ejército israelí lanzó la operación militar Muro de Hierro en Cisjordania. La primera incursión fue en el campo de Jenin; luego en Tulkarem y, finalmente, en Nur Shams, el 9 de febrero. En pocas semanas, casi todos los habitantes de los campamentos fueron desplazados.
Mariam fue una de ellos. Tras refugiarse durante un tiempo en Bal’a, un pueblo cercano, supo un día que los soldados se habían apoderado de la casa familiar y la habían declarado zona militar.
«De repente, me di cuenta de que no tenía adónde ir», narra.
Un año después del inicio de la operación, los campamentos seguían ocupados, con fuerzas israelíes acantonadas en su interior y órdenes de demolición aún vigentes. Según imágenes de satélite analizadas por UNRWA, ya en mayo de 2025 se había destruido alrededor del 35% de Nur Shams. Cuando Mariam pudo regresar, encontró su casa muy dañada, pero todavía en pie, a diferencia de la de su hermana, con quien vive ahora.
«Ya no hay ningún campo», apunta. «Se ha convertido en un cementerio, porque mucha gente perdió allí a sus seres queridos. Siento como si el olor a sangre siguiera allí».
La historia de Mariam es también un fragmento de una política que se extiende a todo el territorio. Desde enero de 2025, más de 33.000 personas han sido desplazadas de los campamentos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams y sus alrededores, según UNRWA. En 2025 también se alcanzó un récord en la construcción de asentamientos: 86 nuevos puestos avanzados, 54 asentamientos aprobados oficialmente y casi 28.000 viviendas autorizadas, de acuerdo con la ONG israelí Peace Now.
«Se trata de una política deliberada de confinamiento de la población y de fragmentación territorial», asegura Ribeiro. «El objetivo es hacer imposible una solución de dos Estados, es decir, impedir cualquier continuidad territorial, social, económica o cultural de Cisjordania y de Palestina en general».
Esa política tiene consecuencias cotidianas para Rana, que se ve obligada a renunciar a muchas citas médicas y también a salidas más rutinarias. «Antes solíamos venir a Nablus todas las semanas. Ahora, quizá una vez al año. Podríamos encontrarnos con colonos, y estos podrían lanzarnos piedras», concluye.
