Palestinos de Cisjordania denuncian violencia de la ocupación israelí
Hasta la fecha, 1.109 palestinos, entre ellos al menos 243 niños y niñas, han sido asesinados por las fuerzas israelíes y los colonos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. Solo este año han muerto 74 personas.
En Nablus, Médicos Sin Fronteras presta atención en salud mental. Las mujeres atendidas describen las dificultades de su vida diaria y, en particular, los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. La situación empeoró cuando las autoridades israelíes denegaron el registro a varias ONG internacionales, entre ellas MSF.
En 2011, la hija de 2 años de Rana, que tenía una discapacidad, enfermó. La familia vivía en Azzoun Atma y no tenía coche. Tampoco había taxis.
El pueblo, un enclave en la gobernación de Qalqilya rodeado de asentamientos y del muro de separación, solo tiene una entrada: una puerta que el Ejército israelí abre durante unas pocas horas al día. Aquella noche estaba cerrada.
“Mi hija murió porque no pudimos salir”, recuerda Rana. “Tuvimos que esperar a la mañana siguiente, a que se abriera la puerta y a que un taxi la llevara al hospital”.
“Lo que yo he pasado lo han pasado muchas madres palestinas. No quiero creer que haya ningún lugar en el mundo donde la gente sufra más que aquí”, añade.
Rana tiene 39 años y cinco hijos vivos, entre ellos un bebé de pocos meses. Dos de sus hijas gemelas tienen discapacidades graves.
El día de su boda, en 2004, el Ejército israelí demolió parcialmente la casa familiar. Más de 20 años después, ella y su familia siguen reconstruyéndola, habitación por habitación, en la medida de sus posibilidades.
“Lo primero que se ve es el muro”, cuenta desde su ventana. “Después, los asentamientos”.
Dos asentamientos israelíes lindan con Azzoun Atma: Sha’arei Tikva y Oranit. Ambos son ilegales según el derecho internacional. El trazado del muro entre estos asentamientos y la aldea la ha convertido en un callejón sin salida.
Hace unos meses, cuando estaba a punto de dar a luz, Rana tuvo que salir de noche por carretera. Primero fue a Qalqilya, donde recibió una carta de derivación para ir a Nablus. Finalmente decidió arriesgarse junto a su marido.
Tenía miedo, tanto por ella como por el hijo que aún no había nacido. Esta vez todo salió bien. “El mayor logro, hoy en día, es llegar a casa sana y salva”, afirma.
Los equipos de MSF llevan décadas trabajando en Cisjordania y comparten esa valoración. “Cuando los palestinos salen de casa por la mañana, no saben si podrán volver por la tarde debido a los puestos de control”, señala Filipe Ribeiro, coordinador general de la organización en Palestina.
“A cualquiera le pueden detener y someter a detención administrativa durante meses o años. A eso se suma el temor a un ataque de los colonos o a una operación militar del Ejército israelí”, añade.
En diciembre de 2025, la OCHA contabilizó 925 obstáculos a la circulación que dificultaban de forma permanente o intermitente los desplazamientos de 3,4 millones de palestinos por Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
La violencia de los colonos también ha cambiado de magnitud. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2023 y 2025 se registraron al menos 3.088 ataques, una media de cuatro al día, frente a unos 1.860 entre 2021 y 2023.
El caso de Rana no es aislado. “Nos enfrentamos a un sistema de obstrucción de la asistencia sanitaria: se multiplican los controles, se retrasan o bloquean ambulancias, se ataca el transporte médico, se rodean los hospitales y se interrumpen los tratamientos”, afirma Ribeiro.
“Denegar la asistencia sanitaria no es un daño colateral, es una forma de actuar”, añade.
A principios de 2026, las autoridades israelíes negaron el registro a 37 organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas MSF, lo que complicó aún más la situación.
“Eso significa que ya no se nos permite llamar a las autoridades militares israelíes que controlan Cisjordania para coordinar los desplazamientos de nuestros equipos”, explica Ribeiro. “Eso plantea problemas de seguridad reales”.
“Nunca estamos seguros de que se respete la protección que asiste a nuestro personal, como trabajadores humanitarios, cuando sale de Nablus”, añade.
La organización ya no puede desplegar personal internacional. Sus equipos palestinos en Cisjordania reciben apoyo a distancia desde Amán, en Jordania.
Al no poder garantizar la seguridad de sus equipos fuera de la ciudad, MSF concentró todas sus actividades en una sola clínica de Nablus y suspendió las intervenciones móviles, especialmente en Qalqilya y Tubas.
Si Rana necesita una consulta de salud mental, debe viajar desde Azzoun Atma hasta Nablus, un trayecto especialmente difícil.
“El trabajo en salud mental se hace cara a cara. No por teléfono”, señala Shorouq Al Madmooj, trabajadora social con 22 años de experiencia en MSF.
“Queremos que nuestros pacientes vengan a Nablus a recibir atención, porque la necesitan. Pero, al mismo tiempo, no queremos ponerlos en peligro”.
Al Madmooj dice que, con los años, ha observado un deterioro importante entre los pacientes. “Antes, los problemas eran mucho más sencillos. Hoy las dificultades son mucho más complejas, tanto en niños como en adultos”, explica.
Los trastornos psicológicos aparecen a edades cada vez más tempranas. En los más pequeños, se manifiestan en forma de enuresis o hiperactividad, provocadas por “la ansiedad ante las incursiones militares”.
“Por desgracia, la muerte se ha convertido en algo habitual en nuestra región. No sabemos qué nos deparará el mañana”, afirma.
Mariam tiene 25 años y es del campo de Nur Shams, en Tulkarem, al norte de Cisjordania. Según cuenta, el camino hasta Nablus es “difícil, lleno de desvíos, muy largo y agotador”.
Hace poco salió de un largo periodo de depresión. “Cuando empezó la guerra [la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023], sentí la necesidad de cambiar algo, de hacer algo de lo que fuera capaz”, dice.
Hizo cursos de primeros auxilios, socorrismo y primeros auxilios avanzados. Después se presentó al examen de servicios médicos de urgencia junto a estudiantes de enfermería y obtuvo una nota alta.
Terminó acompañando a las ambulancias durante las incursiones en el campo para ayudar a los heridos. “Ni siquiera con nuestros chalecos había protección para los paramédicos, ni para los periodistas ni para nadie”, afirma.
“Mataban a la gente en sus propias casas, simplemente por asomarse a la ventana”, añade.
El 21 de enero de 2025, dos días después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, el Ejército israelí lanzó en Cisjordania la operación militar ‘Muro de Hierro’.
La primera incursión fue en el campo de Jenin; después siguió Tulkarem y, finalmente, Nur Shams, el 9 de febrero. En cuestión de semanas, casi todos los habitantes de los campos fueron desplazados. Mariam fue una de ellos.
Tras refugiarse un tiempo en Bal’a, un pueblo cercano, supo un día que los soldados se habían apoderado de la casa familiar y la habían declarado zona militar.
“De repente me di cuenta de que no tenía adónde ir”, relata.
Un año después del inicio de la operación, los campamentos seguían ocupados, con fuerzas israelíes acuarteladas en su interior y órdenes de demolición aún vigentes.
Según imágenes de satélite analizadas por UNRWA, en mayo de 2025 ya había sido destruido alrededor del 35% de Nur Shams. Cuando Mariam pudo regresar, encontró su casa muy dañada, aunque seguía en pie, a diferencia de la de su hermana, con quien ahora vive.
“Ya no hay ningún campo”, apunta. “Se ha convertido en un cementerio, porque mucha gente perdió allí a sus seres queridos. Siento como si el olor a sangre siguiera allí”.
La historia de Mariam no es solo una historia de desplazamiento y violencia. También refleja una política que, en conjunto, puede medirse a escala de todo el territorio.
Desde enero de 2025, más de 33.000 personas han sido desplazadas de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams y sus alrededores, según UNRWA.
2025 fue además un año récord en construcción de asentamientos: 86 nuevos puestos avanzados, 54 asentamientos aprobados oficialmente y casi 28.000 viviendas autorizadas, según la ONG israelí Peace Now.
“Se trata de una política deliberada de confinamiento de la población y de fragmentación territorial”, asegura Ribeiro.
“El objetivo es hacer imposible una solución de dos Estados, es decir, impedir cualquier continuidad territorial, social, económica o cultural de Cisjordania y de Palestina en general”.
Esa política tiene consecuencias cotidianas para Rana, que se ve obligada a renunciar a muchas citas médicas y también a salidas habituales.
“Antes solíamos venir a Nablus todas las semanas. Ahora, quizá una vez al año”, dice. “Podríamos encontrarnos con colonos, y podrían lanzarnos piedras”.
