Los minerales críticos deben impulsar el desarrollo y no financiar guerras
António Guterres señaló que la demanda mundial de minerales críticos, como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras, puede generar desarrollo y prosperidad en los países productores. Sin embargo, también está intensificando la competencia geopolítica y la presión sobre cadenas de suministro concentradas.
Según explicó, los ingresos procedentes de la explotación ilícita fortalecen a grupos armados y organizaciones criminales, conectan la violencia local con redes regionales e internacionales y reducen los incentivos para alcanzar acuerdos políticos.
Mencionó el este de la República Democrática del Congo, donde los grupos armados se benefician de la minería ilegal y el contrabando, y Sudán, donde la lucha por el poder ha sido alimentada por la explotación del oro y la goma arábiga.
“Con demasiada frecuencia, los recursos se extraen, el valor se captura en otros lugares y las comunidades empobrecidas quedan atrás, haciendo frente a los daños ambientales y socioeconómicos”, afirmó.
Guterres planteó cuatro prioridades: justicia, prevención, solución pacífica de las controversias y una mayor integración del análisis climático en las políticas de paz y seguridad.
Pidió que los países y las comunidades obtengan los principales beneficios de los recursos presentes en sus territorios. Para ello, propuso ampliar el procesamiento y la manufactura locales, mejorar la negociación de los contratos mineros y garantizar una gestión transparente de los ingresos públicos.
También reclamó medidas a lo largo de toda la cadena de valor, ya que los minerales suelen extraerse en un país, atravesar otro, procesarse en un tercero y venderse finalmente en los mercados internacionales.
La cooperación entre los países productores, de tránsito y consumidores será esencial para reforzar la trazabilidad, la diligencia debida y el intercambio de información, indicó.
“No más explotación. No más saqueo”, declaró Guterres, al instar a impedir que los grupos armados y las redes criminales sigan obteniendo los ingresos que prolongan los conflictos.
La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó que el aumento de la demanda de minerales críticos representa una oportunidad para África y otras regiones en desarrollo ricas en recursos.
No obstante, advirtió de que las economías productoras podrían quedar atrapadas otra vez en los segmentos de menor valor, mientras los empleos especializados, la tecnología y las ganancias se concentran en otros países.
La responsable de la OMC pidió pasar de la simple extracción a la creación de valor mediante el procesamiento, la refinación y la manufactura locales. Ese cambio permitiría repartir mejor la riqueza y dificultaría que los grupos armados capturaran las cadenas mineras.
África posee aproximadamente el 30% de los minerales críticos del planeta, pero su participación en el comercio mundial sigue por debajo del 3%, en parte por su dependencia de las exportaciones de materias primas, señaló.
“La riqueza mineral no es intrínsecamente una bendición ni una maldición”, afirmó. “Que conduzca a la prosperidad o al conflicto depende de las políticas y las instituciones que determinan los incentivos”.
La responsabilidad de impedir que los recursos naturales financien la violencia no puede recaer solo en los países productores, señalaron Colombia y Panamá, los dos países latinoamericanos que integran actualmente el Consejo de Seguridad.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez-Torres, explicó que la minería ilícita no es solo un delito ambiental, sino también económico y financiero. Dijo que estas economías financian a organizaciones armadas y operan mediante redes transnacionales.
En Colombia, por ejemplo, cerca del 85% del oro producido procede de minería no formalizada y alrededor del 70% está asociado a actividades desarrolladas por grupos organizados al margen de la ley, indicó.
Por ello, sostuvo que no basta con actuar en el lugar de extracción. Es necesario seguir el recorrido completo de los minerales, desde los insumos utilizados y las rutas de comercialización hasta los flujos financieros que permiten introducir recursos ilícitos en la economía legal.
“Ni los mercados internacionales ni la urgente electrificación deben beneficiarse de estos minerales sin asumir compromisos sobre las condiciones en las que fueron extraídos y comercializados”, afirmó.
Panamá también reclamó una responsabilidad compartida entre productores, países de tránsito, centros financieros, empresas y consumidores. Su representante permanente, Eloy Alfaro de Alba, pidió identificar el dinero antes de que se use para comprar armas y rastrear los minerales ilícitos antes de que se oculten en cadenas de suministro legítimas.
El diplomático recordó además que la competencia por los recursos esenciales no se limita a los minerales. La sequía que afectó al Canal de Panamá mostró cómo la presión sobre el agua puede repercutir en la economía, la logística, la seguridad alimentaria y el comercio mundial.
Al cerrar su intervención, el secretario general recalcó que los recursos naturales pueden alimentar la desigualdad y la violencia o financiar el desarrollo sostenible, fortalecer las instituciones y contribuir a la paz.
“En última instancia, es una elección política”, concluyó. “Les insto, como miembros de este Consejo, a elegir la paz”.
El debate abierto de alto nivel fue convocado por la República Democrática del Congo, que preside el Consejo de Seguridad este mes y cuyo este lleva años afectado por el contrabando de minerales que beneficia a grupos armados.
La reunión reunió a responsables de la ONU, organismos internacionales y numerosos países para abordar por primera vez de forma amplia la gobernanza de los recursos naturales como una cuestión de paz, seguridad y desarrollo.
