Mulino sanciona la Ley del Presupuesto General del Estado por B/. 35,111.75 millones y más de B/. 12 mil millones en inversión pública
La norma, que contempla un déficit fiscal en concordancia con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, proyecta, además, un récord en asignación para inversiones públicas por un monto de B/. 12,839.7 millones, lo que representa un 36.6% del total del presupuesto. Esto refleja un aumento en inversiones de 12% y una disminución de 5% en gastos de funcionamiento.
Se trata de un incremento significativo en comparación con el presupuesto de 2026 en cuanto a gastos relacionados con las inversiones públicas y existe una reducción del servicio de la deuda pública del gobierno central para la próxima vigencia 2027. En tanto, para funcionamiento se asignaron B/. 22,272 millones; es decir, un 63.4% del total del presupuesto.
Cabe destacar que el Presupuesto para la vigencia 2027, por recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y enfocado en reforzar proyectos y programas prioritarios para la población, incluyó incrementos en asignaciones de determinadas entidades, así como movimientos y redistribuciones presupuestarias para fortalecer su capacidad operativa y atender compromisos institucionales.
En función de lo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la evaluación técnica, presupuestaria y fiscal, considerando la disponibilidad de recursos, la naturaleza y prioridad de los gastos solicitados, su viabilidad de ejecución y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas.
Por ello, se incorporaron modificaciones por B/.186.83 millones orientados a fortalecer las asignaciones destinadas a sectores prioritarios, incluyendo salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales, procurando una distribución más eficiente de los recursos disponibles y una mayor capacidad de respuesta de las instituciones del Estado.
