Boric promulga ley que incorpora Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público
El martes 16 de septiembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulgó la Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, junto a las ministras y ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de Seguridad Pública, Luis Cordero; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y de Hacienda (s), Heidi Berner; y al fiscal Nacional, Ángel Valencia; al general director de Carabineros, Marcelo Araya; y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entre otras autoridades de Gobierno y de Estado.
La Fiscalía Supraterritorial, una entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, pasará a formar parte del Ministerio Público y podrá operar en todas las regiones del país, según lo establecido en la normativa aprobada.
En la promulgación, el Presidente Boric destacó la importancia de la coordinación entre instituciones. “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones. Nótese que acá está el Congreso Nacional, está el Poder Legislativo, por lo tanto, está la Corte, está el Poder Judicial, está el Ejecutivo, está Carabineros con su director general, está el director de la PDI, está el director de Gendarmería, la Defensoría. Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó.
Según el Mandatario, la incorporación de la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público subraya la necesidad de fortalecer las instituciones dentro de un marco democrático, y de robustecer las capacidades investigativas de las policías y de la Fiscalía, así como la sustentabilidad operativa para que el trabajo no se limite a momentos de mayor visibilidad mediática, sino que tenga continuidad a lo largo del tiempo. Boric añadió que “esta manera de enfrentar las cosas está dando resultados” y reconoció que los desafíos son complejos.
El Presidente precisó que “a todos estos problemas hemos dado respuesta con seriedad, coordinación y trabajo con visión de Estado y no con grandilocuencia de corto plazo”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, resaltó la relevancia de la ley para dotar al Estado de herramientas suficientes para combatir el crimen organizado y afirmó que la Fiscalía Supraterritorial contará con los recursos necesarios para fortalecer la institucionalidad en materia de justicia. Subrayó que la estrategia de confrontar este flagelo debe fundamentarse en una actuación institucional.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la Fiscalía Supraterritorial se suma a las fiscalías regionales existentes con una capacidad especializada para enfrentar el crimen organizado en distintas regiones, incluyendo delitos de alta complejidad como fraudes informáticos y delitos cometidos por asociaciones criminales que no reconocen fronteras, ni dentro del país ni hacia el exterior.
Antecedentes oficiales señalan que, el 2 de febrero de 2024, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.644, que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial (FST). El artículo transitorio de dicha ley indicó que su entrada en vigencia ocurriría cuando se implementaran las modificaciones a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. En ese marco, el 20 de mayo de 2024 el Ejecutivo ingresó el Proyecto de Ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales.
La incorporación de la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público también habilita la creación del Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que sustituye al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de las Fiscalías Regionales. Además, faculta al Fiscal Nacional para crear unidades de organización de trabajo orientadas a coordinar turnos de instrucción, investigaciones de delitos flagrantes y la conformación de equipos de trabajo para el análisis criminal en materia de crimen organizado y delitos de alta complejidad.
