Afganistán: informes indican que un pueblo enfrenta crisis combinadas que lo dejan al límite
A cuatro años del regreso de los talibanes al poder, Afganistán atraviesa una “tormenta perfecta de crisis” que combina colapso económico, sequías recurrentes, hambruna, un éxodo de retornados y, sobre todo, la restricción sistemática de derechos de las mujeres, según informes de Naciones Unidas y organismos internacionales. Un terremoto devastador en el este del país, ocurrido el 31 de agosto, agravó una sociedad ya exhausta por años de conflicto y medidas restrictivas.
La represión educativa para niñas, con la prohibición de asistir a escuelas secundarias, institutos y universidades más allá del sexto grado, ha sido señalada como una de las principales causas de deterioro social. Roza Otunbayeva, representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, advirtió en una reunión del Consejo de Seguridad que, tras tres años y medio de cierre escolar, toda una generación corre riesgo de perderse. El Banco Mundial estimó que la prohibición educativa le cuesta a la economía afgana unos 1.400 millones de dólares anuales.
La economía no es el único sector afectado por estas políticas; la ayuda humanitaria también se ve obstaculizada. El terremoto en la provincia de Kunar demostró capacidad de coordinación en la respuesta, pero decisiones como prohibir la entrada de personal de la ONU a sus oficinas continúan bloqueando la asistencia. Otunbayeva señaló que estas restricciones limitan la capacidad de la ONU para ayudar al pueblo afgano cuando más lo necesita.
El último informe del Secretario General de la ONU, difundido a principios de mes, señala que 1,6 millones de afganos han regresado al país desde enero, ya sea por fuerza o por necesidad, lo que agrava las limitadas capacidades de acogida existentes. En total, más de nueve millones de personas enfrentan seguridad alimentaria aguda, incluyendo 1,6 millones al borde de la hambruna, y más de 420 centros de salud han cerrado durante el verano, dejando sin atención a alrededor de tres millones de habitantes.
La crisis humanitaria se presenta en un contexto de represión y desnutrición. Se registraron 63 castigos corporales en tres meses, se han reprimido manifestaciones campesinas y la obligación de que las mujeres cubran su rostro en la ciudad de Herat. En julio, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder de los talibanes y el presidente de su Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad vinculados a la persecución de mujeres y niñas. A la par, persisten algunas señales que, sin aportar alivio suficiente, son citadas como tendencias: menor violencia a gran escala respecto a 2021, control en el cultivo de adormidera y una estrategia nacional de desarrollo.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, calificó la prohibición de la educación para niñas como “una de las injusticias más atroces de nuestro tiempo” y señaló que, para avanzar, Afganistán necesita la plena participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral y el desarrollo económico. Según Naciones Unidas, al cierre de este periodo, se estima que para finales de 2025 más de 2,2 millones de adolescentes habrán quedado excluidas de la educación en el país.
