Misión Independiente señala que la persecución política en Venezuela se intensifica
La persecución por motivos políticos en Venezuela se intensifica, según advirtió este lunes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. La entidad señaló que la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia reposa en la comunidad internacional, y presentó un nuevo informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos en el que se documenta la represión postelectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y su continuidad en 2025.
Entre los hallazgos, la Misión concluye que, de las 25 muertes ocurridas en protestas entre el 29 y el 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estatales habrían participado en al menos 12 casos. En Maracay, de acuerdo con el documento, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército habrían disparado contra manifestantes, causando seis de las muertes, entre ellas una víctima a la que se le habría efectuado un disparo de escopeta a menos de 10 metros, según la memoria del informe.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que la Fiscalía no informó avances en las investigaciones y, desde el inicio, aseguró que los cuerpos de seguridad no eran responsables, mientras que la investigación de la Misión indica lo contrario y señala que todas las muertes quedan en la impunidad.
Respecto a muertes bajo custodia y torturas, la Misión documenta la muerte de cinco personas detenidas durante protestas en 2024 y 2025, y señala que en dos casos existirían motivos razonables para creer que el Estado no brindó atención médica oportuna, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Patricia Tappatá, experta de la Misión, afirmó que las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida y subrayó el maltrato a familiares, la falta de investigación y la posible complicidad del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
La represión continuó, según el informe: a pesar de que las autoridades excarcelaron de manera progresiva a 2006 de las 2220 personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno. Entre las cifras, la Misión señaló que 220 niños y niñas, entre 13 y 17 años, fueron detenidos y sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso; cuatro adolescentes permanecen detenidos en La Guaira y Lara. Francisco Cox, otro experto de la Misión, sostuvo que las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024, sin base legal y realizadas por individuos enmascarados con expedientes penales fabricados, lo que, afirmó, acerca a la justicia a depender de instancias internacionales.
El informe describe lo que describe como una maquinaria estatal de torturas sistemáticas, que incluiría asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación; los tribunales, según la Misión, ignoran de forma reiterada las denuncias. También indica que leyes como las de “financiación de ONG” y la de “Simón Bolívar” han funcionado como herramientas para limitar o cerrar programas de organizaciones civiles.
Valiñas cerró señalando que la evidencia confirma que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, y que ninguna autoridad nacional demuestra voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas violaciones de derechos humanos, según la Misión. En ese marco, la nota de la Misión plantea que la justicia venezolana ha asumido un papel reducido y que, ante ello, la última esperanza de las víctimas recae en instancias internacionales.
Antecedentes: la Misión fue establecida por resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos desde 2014. La Resolución 57/36 prorrogó su mandato por dos años más, hasta septiembre de 2026. Los integrantes fueron designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos y actúan de forma independiente; no forman parte del personal de Naciones Unidas y no reciben salario por su labor. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos apoya a la Misión, pero las opiniones expresadas son de los propios miembros mandatados. Para más información, la Misión mantiene una página web oficial.
