Disposiciones especiales permitirán garantizar suministro eléctrico al 100% en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos un conjunto de disposiciones especiales y transitorias para apoyar el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador». El objetivo es beneficiar inicialmente a 8,700 hogares en comunidades rurales sin servicio eléctrico y, a lo largo de cuatro años, extender la cobertura al 100% del suministro en el país. Las medidas, vigentes por seis años, buscan reducir la desigualdad en el acceso a la electricidad y promover el desarrollo económico y social en zonas de pobreza, incluyendo poblaciones indígenas y otras áreas menos desarrolladas.
El programa será ejecutado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el proyecto, se contemplan la planificación, el diseño y la construcción de redes de distribución, así como la generación eléctrica y la adquisición de equipos necesarios para la implementación. Para recibir las exenciones fiscales, los beneficiarios deberán presentar una solicitud por escrito ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con documentación que confirme su relación con el programa; la DGII debe emitir resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Entre las medidas fiscales se incluyen la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, impuestos y aranceles por importaciones y servicios del Centro Nacional de Registros (CNR), así como la exención del Impuesto sobre la Renta para los ingresos de contratistas y subcontratistas vinculados al programa hasta la entrega de las obras, bienes o servicios. También se prevén exenciones para propietarios que vendan voluntariamente terrenos a la CEL para el proyecto, quienes no pagarían renta por ganancia de capital ni presentarían el formulario correspondiente. Las empresas distribuidoras de energía deberán facilitar gestiones y realizar ajustes necesarios a sus redes para garantizar la conexión de los proyectos de extensión, conforme a lineamientos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
En el debate, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, argumentó que el programa busca convertir el acceso universal a la energía en un motor de crecimiento económico, y señaló que las medidas no son simples beneficios fiscales, sino herramientas de desarrollo y equidad. Según la legisladora, “como diputados, que conocemos esas necesidades en el territorio, estamos en la plena disposición de apoyar” estas disposiciones.
Además, los parlamentarios aprobaron disposiciones especiales de carácter tributario para contratos multicliente entre la CEL y personas naturales o jurídicas, y para contratos de licencia de datos vinculados a esos contratos. El objetivo es crear un marco tributario que otorgue certeza jurídica y respaldo fiscal a estas operaciones, promoviendo inversiones y la modernización de la industria hidrocarbura, con rentas procedentes de estas actividades consideradas no gravadas. Estas exenciones serán exclusivas para los titulares de los contratos y los adquirentes de los datos, sin extenderse a subcontratistas, terceros ni a la CEL. Se impondrá la obligación de llevar registros de compras y ventas vinculadas a los contratos y presentar las declaraciones tributarias y aduaneras correspondientes; el Ministerio de Hacienda podrá emitir resoluciones para garantizar la correcta aplicación de estas disposiciones.
La iniciativa no especifica, por ahora, costos totales, fuente de financiamiento adicional ni criterios de elegibilidad más allá de lo descrito, y no se mencionan plazos de implementación de cada componente más allá del marco temporal general de seis años para las disposiciones. El texto indica que el programa recibirá financiamiento a través del préstamo del BID y establece el marco regulatorio para su ejecución, pero deja abierta la posibilidad de que el presupuesto y las condiciones operativas se determinen en etapas siguientes. Próximos pasos, cronograma detallado y impactos fiscales para distintos actores serán definidos por las autoridades competentes durante la implementación.
