Misión Independiente advierte que la persecución por motivos políticos en Venezuela se intensifica
Una misión internacional independiente de la ONU alertó este lunes que la persecución por motivos políticos en Venezuela se ha intensificado, y sostuvo que la única esperanza de justicia para las víctimas reside en la comunidad internacional. Según un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos, la Misión presentó nuevas pruebas sobre la represión poselectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y señaló que la persecución contra defensores de derechos humanos y voces críticas se ha mantenido durante 2025.
La investigación concluyó que, de las 25 muertes registradas en protestas entre el 29 y el 30 de julio de 2024, las fuerzas de seguridad estatales estuvieron involucradas en al menos 12 casos. En Maracay, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército habrían disparado contra manifestantes, dejando seis fallecimientos, entre ellos una persona que recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros, señala el documento. Según la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, la Fiscalía no ha informado avances en las investigaciones y, desde el inicio, sostuvo que los cuerpos de seguridad no eran responsables; la Misión afirma haber encontrado lo contrario y que todas las muertes continúan en la impunidad.
La Misión documentó además la muerte de cinco personas detenidas durante protestas en 2024 y 2025. En dos casos, indicó, hubo motivos razonables para creer que el Estado no proporcionó atención médica oportuna, y los detenidos habrían sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó que las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida y señaló además maltrato a las familias, falta de investigación y posibles omisiones por parte del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
Aun cuando las autoridades liberaron progresivamente a parte de las personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno. Entre las personas privadas de libertad, 220 eran menores de entre 13 y 17 años, que fueron sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso; cuatro adolescentes permanecen detenidos en La Guaira y en Lara. Francisco Cox, otro experto de la Misión, afirmó que las detenciones de 2025 siguen el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos encapuchados y con expedientes penales fabricados, y sostuvo que, ante la presunta subordinación de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de justicia recae en instancias internacionales.
La investigación describe una maquinaria estatal que emplea torturas sistemáticas, entre ellas asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación, y señala que los tribunales ignoraron recurrentemente las denuncias. Además, señala que leyes sobre la financiación de ONG y otras normativas, denominadas por la Misión como herramientas represivas, provocaron que diversas organizaciones civiles recorten o cierren programas. En su cierre, Marta Valiñas advirtió que las evidencias corroboran que la persecución política continúa y que ninguna autoridad nacional ha mostrado voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas violaciones.
La Misión indicó que la justicia en Venezuela ha cedido ante la presión institucional externa y que, según su criterio, la única salida para las víctimas es acudir a instancias internacionales. En los antecedentes, la ONU recuerda que la Misión de Determinación de los Hechos fue establecida por resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, para evaluar presuntas violaciones desde 2014, y fue prorrogada por resolución 57/36 hasta septiembre de 2026. Los miembros de la Misión actúan de forma independiente y no son personal de las Naciones Unidas, si bien reciben apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
