Refugiados rohingya, tras éxodo masivo, plantean preguntas sobre la respuesta de la comunidad internacional
Hace ocho años, más de 750.000 musulmanes rohingya huyeron de Myanmar y se instalaron en campamentos en Bangladés, donde hoy muchos viven en condiciones precarias. La crisis, lejos de resolverse, continúa con un flujo de personas que huyen y que no muestra signos claros de reducción, según las cifras y descripciones publicadas por organismos internacionales.
Los rohingya, históricamente privado de ciudadanía y derechos básicos en Myanmar, huyeron de diversas oleadas de violencia que culminaron en 2017. En ese momento, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, describió lo ocurrido como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”. Al cruzar hacia Bangladés, encontraron refugio de emergencia en Cox’s Bazar, un asentamiento que, con el tiempo, podría considerarse el más grande de refugiados del mundo.
La situación en Bangladés no ha mejorado. Las oportunidades de educación y empleo siguen siendo limitadas, y los campamentos se ven afectos por incidentes de seguridad, trata de personas y tensiones con comunidades locales. En Nueva York, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se dirigió a una conferencia de alto nivel para abordar tanto la emergencia humanitaria como el estancamiento geopolítico que la perpetúa, subrayando la necesidad de acción ante el sufrimiento de más de cinco millones de rohingyas desplazados.
Baerbock identificó cuatro prioridades, entre ellas el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, el apoyo internacional sostenido, el financiamiento adecuado y la creación de condiciones para un retorno seguro y digno. En paralelo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló, en un mensaje leído por su jefe de Gabinete, que las décadas de exclusión y violencia han dejado a una gran parte de la población rohingya desplazada y pidió respeto al derecho internacional, acceso humanitario y mayor inversión para satisfacer necesidades básicas y fomentar la autosuficiencia, con una solución que incluya justicia y ciudadanía plena en Myanmar.
Activistas y defensores de derechos humanos han denunciado junto a la comunidad internacional la impunidad frente a violaciones de derechos humanos en Myanmar. Wai Wai Nu, fundadora de Women’s Peace Network, afirmó que el “genocidio no terminó en 2017, sino que se ha intensificado” y llamó a facilitar un regreso seguro de los rohingya, con plenos derechos, además de establecer un corredor humanitario y aplicar sanciones a los responsables, condicionando cualquier proceso político a garantías de derechos y democracia.
En Myanmar, la crisis política continúa tras el golpe militar de 2021, con millones de personas necesitadas de asistencia y múltiples comunidades étnicas afectadas por violencia y desastres naturales. Las autoridades han sido acusadas de violaciones de derechos humanos, y numerosos objetivos civiles, como escuelas y hospitales, han sido atacados, lo que complica cualquier posibilidad de retorno a corto plazo para los refugiados rohingya. Los próximos pasos, según las Naciones Unidas y otros actores, pasan por reforzar la protección de los refugiados y avanzar hacia una solución duradera que combine condiciones de seguridad, justicia y derechos para todos.
