Asamblea busca actualizar el marco legal para combatir delitos financieros
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitió un dictamen favorable para crear una Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La iniciativa busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar estos delitos de forma integral y responder a compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según el anteproyecto de ley, la aprobación permitiría adaptar la legislación nacional a estándares internacionales y endurecer la sanción de estas conductas, así como reducir riesgos asociados al lavado de activos y otras actividades criminales que alimentan la delincuencia organizada. Para ampliar los detalles, la Comisión escuchó la opinión técnica de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, que data de 1999, porque resultaría obsoleto y podría afectar la inclusión financiera al dejar a discreción de ciertos actores la posibilidad de restringir el acceso al sistema financiero. “El país fue evaluado por GAFILAT mediante una evaluación mutua y la principal observación fue la necesidad de modernizar nuestra normativa. No podemos continuar con una legislación de hace más de dos décadas, que genera arbitrariedad y falta de garantías”, señaló Delgado. Añadió que es el Estado quien debe establecer las reglas del juego y que la normativa busca evitar la exclusión de personas y actividades legítimas, especialmente en zonas vulnerables.
El proyecto contempla la creación de un Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para fortalecer la cooperación interinstitucional entre los tres poderes del Estado y otras entidades claves. Delgado indicó que también se redefinirá el alcance de los sujetos obligados, para que se apliquen solo a quienes, por la naturaleza de sus actividades, representen un riesgo real, como entidades financieras, casinos, joyerías y comercio de metales preciosos, entre otros.
El diputado Caleb Navarro afirmó que la actualización es clave para mejorar el clima de inversión y fomentar el emprendimiento, señalando que la normativa vigente dificulta la instalación de negocios y genera obstáculos para los salvadoreños que buscan emprender. Según Navarro, la ley desactualizada ya no corresponde a la realidad económica y tecnológica actual.
La superintendenta de la SSF, Evelyn Marisol Gracias, destacó que el primer objetivo es lograr un equilibrio entre una gestión adecuada del riesgo de lavado de dinero y la inclusión financiera, evitando prácticas que excluyan a personas de servicios financieros de calidad y equidad. “Vemos con buenos ojos este proyecto de ley que será actualizado, ya que permitirá una supervisión moderna y que las entidades del sistema financiero adecuen sus políticas y procedimientos a los estándares actuales”, explicó Gracias.
Entre las novedades, el proyecto establece la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), como órgano consultivo y de coordinación. Este Comité integraría al Fiscal General, al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado y representantes de entidades como el Banco Central de Reserva y la SSF, y podría emitir directrices, coordinar acciones y proponer políticas.
El marco legal especifica que la SSF supervisará a un conjunto de sujetos obligados, que incluiría a entidades financieras, casinos, intermediarios inmobiliarios, joyerías, abogados, notarios, contadores y auditores que manejen activos de clientes, así como transportistas de dinero, proveedores de servicios de activos digitales y partidos políticos, entre otros. Las sanciones previstas abarcan multas y, en casos graves o muy graves, la posibilidad de disolución de la entidad o inhabilitación de responsables. En caso de delito de lavado de activos, las penas previstas oscilan entre 9 y 15 años de prisión, con agravantes para delitos contra la administración pública o si el autor es un servidor público.
La iniciativa señala que el CIPLAFT supervisaría a aproximadamente 10 sujetos obligados, definidos como entidades cuyo supervisor natural sería la SSF, y que operan principalmente en actividades financieras, de préstamos o afines, así como en sectores como juegos de azar, bienes raíces, joyería y otros servicios sensibles. Se prevén, además, medidas administrativas para funcionarios y empleados que incumplan obligaciones, con tipificaciones de faltas graves y muy graves y sanciones correspondientes.
Como próximos pasos, la Comisión evaluará el dictamen y, de ser aprobado, la propuesta pasará a las instancias correspondientes para su trámite legislativo, con miras a la implementación del nuevo marco normativo y la creación de los organismos y mecanismos descritos, según lo informado por las autoridades participantes en la sesión. En paralelo, se anticipan evaluaciones y acuerdos de cooperación internacional para alinear estándares y fortalecer la supervisión del sistema financiero.
