Se aprueba financiamiento para seguridad alimentaria en zonas rurales de escasos recursos
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la suscripción de tres préstamos y una garantía soberana para financiar proyectos de interés social y económico en áreas vinculadas al sector alimentario, turístico y de infraestructura. Las decisiones se tomaron mediante voto mayoritario, con 57 legisladores a favor en cada caso, y según la presidencia, se ejecutarán a través de entidades estatales y organismos internacionales.
El primer empréstito, por un monto de 31.3 millones de dólares y procedente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), financiará el Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será la entidad ejecutora y aplicará una estrategia de focalización geográfica basada en criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales. Según Giovanny Zaldaña, diputado de Nuevas Ideas, el objetivo es “mejorar los ingresos, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en las zonas rurales”, y se beneficiarán unas 74,000 agricultores y hogares en situación de vulnerabilidad, con especial atención a productores afectados por condiciones climáticas y a mujeres lideresas de hogar.
El segundo acuerdo es un contrato de préstamo por 65 millones de dólares entre el Órgano Ejecutivo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la continuación del programa Surf City Fase II. Este financiamiento busca impulsar el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura turística y vial, con el fin de facilitar el traslado seguro de personas y mercancías, atraer inversión privada y mejorar el saneamiento en áreas con potencial productivo y turístico. La Asamblea destacó que, durante la primera fase de Surf City en La Libertad, se generaron unos 15,000 empleos. Representantes oficiales señalaron que, entre las mejoras previstas, se incluye intervención en aceras, miradores, ciclovías y puentes en tramos como el río Huiza, El Palmar y El Zonte, así como la ampliación de la carretera CA02W de dos a cuatro carriles en 8.5 kilómetros, desde la zona Xanadú hasta la playa El Zonte, y mejoras en la red de alcantarillado y tratamiento de aguas en playas como San Blas, El Cocal y Conchalío, entre otras.
Además, la Asamblea autorizó, con 57 votos, una garantía soberana para un crédito entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un monto de hasta 17,188,106 dólares. Este crédito se destinará al Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal Beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico mediante inversión en infraestructura pública y mejorar la conectividad vial del país. En este punto, el diputado William Soriano destacó los avances del Gobierno en promoción turística en departamentos como La Unión, San Miguel, Usulután y Morazán, y afirmó que las acciones mencionadas fortalecen la oferta turística nacional.
En conjunto, las autoridades electorales y ejecutivas indicaron que las operaciones buscan ampliar la inversión en áreas con potencial turístico y productivo, mejorar la conectividad y fortalecer la seguridad y eficiencia de la transportación y la logística. Los textos de los acuerdos dejan claro que todas las afirmaciones sobre beneficiarios, impactos y plazos proceden de las autoridades correspondientes y que, en su implementación, se seguirá un marco de transparencia y atribución de responsabilidades a las entidades responsables.
