Ley busca combatir lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
La Asamblea Legislativa aprobó, en sesión plenaria 78, la creación de una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con 57 votos a favor. El objetivo descrito por la bancada oficial es modernizar el marco legal vigente y enfrentar de manera integral esos delitos, alineándose además con compromisos internacionales asumidos por El Salvador, en particular las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Durante el análisis en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, el fiscal general Rodolfo Delgado señaló que la normativa vigente genera arbitrariedad y exclusión financiera al dejar a discreción de ciertos actores el acceso al sistema financiero. En tanto, el diputado Caleb Navarro sostuvo que la futura ley busca prevenir, detectar, vigilar, controlar, investigar y sancionar los delitos mencionados, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar amenazas que afectan la economía y la convivencia ciudadana. Navarro afirmó que El Salvador honra sus compromisos internacionales y refirió que la legislación de 1999 ya no abarca adecuadamente a algunos sujetos obligados, como agencias de viaje, que serán excluidos, así como otros sectores, salvo las ONG consideradas de mayor riesgo.
En respuesta a estas observaciones, la diputada Alexia Rivas comentó la necesidad de leyes efectivas contra el lavado de dinero sin vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad y el debido proceso. También alertó sobre el riesgo de que una norma mal diseñada trate como sospechosos a empresarios, comerciantes y ciudadanos que manejan efectivo o acceden al sistema bancario, lo que podría afectar la inclusión financiera de vendedores informales y migrantes que envían remesas, entre otros actores. Rivas subrayó que una ley equilibrada debe perseguir a los verdaderos delincuentes financieros sin frenar la actividad económica.
Entre las innovaciones previstas, la normativa plantea la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción de estos ilícitos, coordinado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, con atribuciones para recibir reportes de operaciones sospechosas y coordinar con supervisores nacionales e internacionales. También se prevé un Comité Interinstitucional (CIPLAFT), integrado por autoridades de alto nivel, que propondrá políticas y directrices al Ejecutivo para combatir el lavado de activos. El CIPLAFT incluiría al fiscal general, al presidente de la Asamblea, al presidente de la Corte Suprema, ministros y representantes del sistema financiero.
La normativa redefine el concepto de “sujetos obligados”, limitándolo a actores de alto riesgo según su actividad, con el objetivo de evitar cargas innecesarias para actores de bajo riesgo. Entre los sujetos obligados se contemplan instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, casinos, intermediarios de bienes raíces, comerciantes de joyas y metales preciosos, profesionales que manejan activos de clientes, empresas de transporte de valores, proveedores de servicios de activos digitales y, en ciertos casos, partidos políticos.
En cuanto a sanciones, la ley propone un régimen claro y severo. Las infracciones se clasificarían en graves y muy graves e incluirían no reportar operaciones sospechosas, revelar información confidencial, obstruir auditorías o facilitar recursos a personas sancionadas. Se prevé responsabilidad administrativa para personas naturales y jurídicas y, en casos de lavado de activos comprobado, penas de 9 a 15 años de prisión, con agravantes si intervienen fondos públicos o si el autor es funcionario estatal. El texto completo detallaría las sanciones específicas que corresponden a cada tipo de infracción.
