ONU advierte sobre riesgo de retorno a la guerra en Sudán del Sur, según investigadores
La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur, órgano independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advirtió el miércoles que el país podría enfrentar una nueva recaída en un conflicto a gran escala a menos que la comunidad internacional tome medidas urgentes.
En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la comisión destacó que los combates se han intensificado desde marzo, con un incremento de detenciones políticas y violaciones generalizadas de derechos humanos. Según el informe, el alto el fuego no se está respetando y las fuerzas gubernamentales realizan bombardeos aéreos en zonas habitadas, mientras la transición política parece desmoronarse. “Todos los indicadores apuntan a un retroceso hacia otra guerra mortal”, dijo el comisionado Barney Afako ante la Asamblea.
La comisión indicó que el conflicto ha provocado un desplazamiento interno de más de 370.000 personas y ha empujado a muchos otros a buscar refugio en países vecinos. En total, unas 2,6 millones de personas siguen desplazadas en el país y alrededor de 600.000 son refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán. La presidenta de la comisión, Yasmin Sooka, afirmó que “el sufrimiento del pueblo de Sudán del Sur no es un daño colateral, sino la consecuencia directa del fracaso político” y agregó que la población continúa soportando bombardeos, violencia sexual, desplazamientos y reclutamiento forzado de niños.
Según el informe, la crisis se agrava por una mayor complejidad del conflicto, en la que disputas por el poder político se entrelazan con tensiones étnicas y agravios locales. Las reorganizaciones gubernamentales y los nombramientos partidistas han profundizado la desconfianza entre signatarios del Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018, mientras que los combates locales se explotan con fines políticos y militares. El comisario Carlos Castresana Fernández vinculó la crisis a la corrupción, señalando que “miles de millones en ingresos petroleros se han desviado mientras la población pasa hambre” y que la corrupción es “uno de los motores” del conflicto.
El informe también documenta violencia sexual, reclutamiento forzoso de niños y ejecuciones extrajudiciales, con casos en los que las autoridades nacionales habrían mostrado complicidad. Las instituciones del Estado de derecho continúan sin recibir financiamiento adecuado y las promesas de reformar competencias en detención no se han cumplido en gran medida. La comisión pidió a la ONU, a la Unión Africana y a socios regionales que garanticen rendición de cuentas, aceleren el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur e involucren a la clase política en un proceso inclusivo.
Según la comisión, “la paz no se logrará con palabras ni apretones de manos”, sino con acciones concretas para poner fin a la impunidad, proteger a la población civil e fortalecer instituciones al servicio de la ciudadanía. Atribuyó estas responsabilidades a la comunidad internacional para avanzar de forma coordinada y evitar que el sufrimiento se intensifique.
