Fuerzas rusas habrían cometido crímenes de guerra y deportaciones forzadas en Ucrania, según informes
Una Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó este lunes un informe en el que acusa a las fuerzas rusas de haber usado de forma sistemática drones para atacar a civiles en el sur de Ucrania. Según el documento, estos ataques, que abarcan una extensión de más de 300 kilómetros del río Dniéper, serían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al buscar sembrar el terror y forzar desplazamientos masivos.
El informe sitúa los ataques con drones en las provincias de Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, en la margen derecha del Dniéper, una zona bajo control ucraniano. Las investigaciones señalan que los vehículos no tripulados rusos, muchos de fabricación rusa y modificados a partir de modelos comerciales chinos, han golpeado viviendas, hospitales, escuelas, mercados y puntos de distribución humanitaria, así como infraestructuras críticas como subestaciones eléctricas y torres de comunicación. También habrían atacado a brigadas médicas, bomberos y equipos de reparación, presuntamente ignorando la protección prevista para estos servicios y personal por el derecho internacional humanitario.
La comisión señala que los ataques se intensificaron este año; según datos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comenzaron hace más de un año y se incrementaron en 2025, convirtiéndose en la principal causa de víctimas civiles cerca del frente. Desde julio de 2024, más de 200 civiles han fallecido y alrededor de 2000 han resultado heridos en estas agresiones. Asimismo, aproximadamente 3000 viviendas han sido destruidas total o parcialmente.
El estudio identifica a varias unidades rusas que operan desde la margen izquierda del Dniéper, bajo control de Moscú. Afirma que las imágenes de los drones, con cámaras de transmisión en vivo, evidenciarían la intención de los atacantes. El informe describe localidades enteras como inhabitables a causa de incendios, destrucción y una atmósfera de miedo, así como el impacto en el trauma psicológico, la pérdida de hogares y la interrupción de servicios esenciales que ha empujado a miles de personas a huir.
La comisión también denuncia el uso del terror para el desplazamiento forzado, lo que atribuye a una política estatal destinada a consolidar el control ruso sobre los territorios ocupados y a castigar a quienes se niegan a aceptar la ocupación. Además, documenta deportaciones y traslados forzosos de civiles desde zonas ocupadas de Zaporizhzhia, donde autoridades rusas habrían detenido, interrogado y expulsado a personas consideradas contrarias a Rusia. Desde 2024, muchas personas habrían sido deportadas a Georgia tras despojarse de sus documentos y sufrir malos tratos; estas prácticas, señala la Comisión, habrían sido coordinadas entre autoridades militares y civiles rusas y constituirían crímenes de guerra.
La Comisión subraya que los ataques con drones, las deportaciones y los traslados forzosos forman parte de una política estatal sistemática, destinada a consolidar el control sobre los territorios ocupados y a castigar a quienes se oponen a la ocupación. En ese marco, el informe solicita a Rusia cesar de inmediato los ataques contra civiles y a Ucrania garantizar asistencia médica, psicológica y humanitaria a las víctimas, además de instar a la comunidad internacional a apoyar mecanismos de rendición de cuentas y atender a los desplazados.
De acuerdo con la Comisión, la magnitud, duración y coordinación de los ataques indicarían que no se trata de hechos aislados, sino de una política planificada que vulnera el derecho internacional humanitario y podría ser objeto de examen ante la Corte Penal Internacional, cuando proceda. El documento solicita, además, mayores esfuerzos para rendir cuentas y ampliar la protección de las personas afectadas.
