Expertos exigen respuestas por desaparición forzada de defensores de derechos humanos en México
Un grupo de relatorías especiales y expertos independientes de Naciones Unidas exigió al Estado mexicano respuestas inmediatas sobre la suerte y el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, al cumplirse tres años de su desaparición forzada en el estado de Colima. En un comunicado, estas autoridades internacionales afirmó que las autoridades deben cumplir con sus obligaciones internacionales, entre ellas investigar exhaustivamente los hechos, realizar una búsqueda activa y sancionar penalmente a los perpetradores, según informaron.
El caso se sitúa en un contexto de conflicto minero. Lagunes, abogado defensor, y Díaz, líder indígena, desaparecieron el 15 de enero de 2023 tras participar en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, Michoacán, donde la comunidad discutía acciones colectivas frente a los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la empresa minera Ternium, que forma parte del grupo Techint. Los expertos señalan que la desaparición se enmarca en un conflicto de larga data por recursos naturales.
Los relatorías subrayaron la “incansable búsqueda de verdad y justicia” emprendida por las familias durante estos tres años, frente a lo que califican como una falta de “respuesta efectiva” por parte del Estado. El caso está registrado bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una advertencia sobre el efecto amedrentador
Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre las personas que defienden derechos humanos y pueden silenciar voces críticas, indicaron los expertos. Instaron al Gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, fortaleciendo el mecanismo de protección existente.
El comunicado también hizo un llamado directo a la responsabilidad corporativa. Según informes, en contextos de proyectos extractivos las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia. Exigieron a Ternium que, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, coopere plenamente con las investigaciones, asista en la recopilación de pruebas y aborde los impactos negativos en los que pueda estar involucrada.
Responsabilidades claras: Estado y empresa
Los expertos en derechos humanos señalan una doble obligación: para el Estado, investigar con diligencia, proteger a los defensores y garantizar que las empresas bajo su jurisdicción respeten los derechos humanos; para la empresa, evitar vulnerar derechos, cooperar de buena fe con las autoridades en casos graves y proporcionar reparación por los impactos causados.
Los expertos concluyeron recordando que mantienen comunicación tanto con el Gobierno de México como con la empresa involucrada sobre este caso, que se ha convertido en un símbolo de los riesgos extremos que enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente en el país. Las relatorías que suscriben forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; los titulares de estos mandatos son expertos independientes designados para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas, y actúan a título personal y sin remuneración.
