Año de conflicto en Catatumbo
En Catatumbo, la crisis humanitaria se mantiene y se agrava, a un año de que la violencia se intensificara entre grupos armados no estatales y se registrara el uso de drones armados y violencia por control territorial, según organismos humanitarios. Desde enero de 2025, se estima que cerca de 100.000 personas, aproximadamente la mitad de la población de la región, han sido desplazadas como resultado de los enfrentamientos.
En las últimas semanas, la situación se ha intensificado. La oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA) informó que los combates han dejado más de 60 personas muertas en la última semana y que miles de civiles enfrentan restricciones de movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos, además de nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento forzado.
La representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, Yudith García, señaló durante la presentación de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que “los ataques con drones están siendo ignorados” y que afectan la salud, las viviendas y los cultivos de los campesinos. Según el informe, la crisis “se ha convertido en una de las más graves en la historia del conflicto armado colombiano”.
La Alcaldía de Cúcuta registró la llegada de 2.048 personas desplazadas desde el Catatumbo desde el 22 de diciembre y anticipa que la cifra aumentará en los próximos días. Habitantes señalan que muchas familias habrían huido hacia el municipio de Ocaña. A comienzos de 2025, más de 60.000 personas fueron desplazadas forzosamente por combates y asesinatos selectivos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, grupos armados estarían utilizando drones armados para atacar a rivales y a personas consideradas colaboradoras, elevando el riesgo para la población civil. Al menos 11 personas resultaron lesionadas y nueve murieron por explosivos lanzados desde drones, según la misma entidad.
La relatora especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Paula Gaviria, calificó la situación como un “drama prolongado” y subrayó la necesidad de reflexionar y actuar al cumplirse un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33. Gaviria recordó que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno colombiano, al ELN y a las disidencias de las FARC por la crisis en el Catatumbo; advirtió que “miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo”. Instó a reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y garantizar soluciones duraderas para la población desplazada.
Desde las organizaciones sociales también se alzan voces de alarma. Jaime Botero, presidente de Asojuntas, afirmó que “nosotros ponemos los muertos” y denunció que el año anterior se registraron 137 líderes sociales asesinados, pidiendo a las autoridades escuchar las propuestas de las comunidades y líderes locales.
La oficina humanitaria señaló que las familias desplazadas y confinadas viven en un estado de miedo constante, ante el riesgo de explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por los grupos armados. Los daños a la infraestructura han agravado la inseguridad alimentaria y han dejado a miles de niños fuera del sistema educativo, mientras la financiación humanitaria continúa por debajo de los niveles necesarios, obligando a las comunidades a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más peligrosas. El conflicto se intensificó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN inició una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, por la disputa por el control territorial y las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela. En respuesta, el Ejército indicó que ha desplegado más de 11.200 soldados en el marco de la Operación Catatumbo.
