Aumentan las ejecuciones en 2025, mientras se cuestiona la eficacia de la pena de muerte para reducir el crimen
La abolición universal de la pena de muerte es una tendencia que persiste a nivel global, pero la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que en 2025 se registró un aumento significativo de ejecuciones, liderado por unos pocos países que mantienen ese castigo en su legislación. El informe señala preocupación por condenas capitales por delitos que no alcanzan el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional y por la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, así como por el secretismo que rodea algunas de estas sentencias.
Según Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el incremento se debe principalmente a un mayor número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado, lo que, afirmó, viola el derecho internacional y resulta ineficaz para desalentar la criminalidad. La ONU informó que en Irán fueron ejecutadas al menos 1500 personas en 2025, de las cuales el 47% correspondía a delitos relacionados con drogas. Türk señaló que la magnitud y la frecuencia de estas ejecuciones reflejan un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, con un impacto desproporcionado en minorías y migrantes.
En Arabia Saudita, las ejecuciones sumaron al menos 356, superando el récord de 2024, y el 78% de las sentencias estuvieron vinculadas a drogas. El país reanudó las ejecuciones en 2022 y, según el alto comisionado, al menos dos de los ejecutados fueron condenados por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que plantea dudas sobre los derechos de la infancia.
En Estados Unidos, 47 personas fueron ejecutadas en 2025, la cifra más alta en 16 años, y la introducción de la ejecución por gas en 2024 ha generado preocupaciones sobre tortura o castigo cruel. En Afganistán, las ejecuciones públicas continuaron, en violación del derecho internacional: el 11 de abril de 2024, cuatro personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas ante multitudes en estadios deportivos en las provincias de Badghis, Nimruz y Farah; desde agosto de 2021 se han llevado a cabo varias ejecuciones públicas. Somalia ejecutó a 24 personas y Singapur a 17; en China y Corea del Norte el secretismo dificulta obtener cifras precisas. En Bielorrusia, la legislación de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo amplió recientemente los delitos punibles con la pena de muerte.
Respecto a Israel, el Alto Comisionado indicó que existen propuestas legislativas para ampliar el uso de la pena de muerte mediante la imposición de disposiciones obligatorias aplicables exclusivamente a los palestinos, lo que, según Türk, violaría el derecho a un juicio justo y contravendría las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Asimismo, señaló que las ejecuciones llevadas a cabo por Hamas en Gaza constituyen violaciones graves de los derechos humanos.
Entre las medidas positivas, Türk destacó que en 2025 varios países adoptaron avances: Vietnam redujo el número de delitos punibles con la pena de muerte; Pakistán eliminó la pena de muerte para dos delitos no letales, manteniéndola para otros 29; Zimbabue abolió la pena de muerte para delitos comunes al 31 de diciembre de 2024; y Kenia inició una revisión legislativa del castigo capital.
