Estado de emergencia en Pataz se prorroga para combatir la criminalidad vinculada a la minería ilegal, según autoridades
El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, y en el centro poblado de Chagualito, en la provincia de Sánchez Carrión, con el objetivo de fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal, según el Decreto Supremo N° 016-2026-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La prórroga mantiene la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, y mantiene la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 22:00 y las 05:00 horas. Se exceptúa a las personas que participan en servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos, servicios funerarios y actividades conexas.
Durante la inmovilización se permitirá la atención en farmacias y boticas, así como el desplazamiento con vehículo particular o a pie de quienes requieran atención médica urgente o de emergencia, o la adquisición de medicamentos, cuando exista grave riesgo para la vida o la salud.
La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se regirá por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a los dispositivos legales que regulan el empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional. El Comando Unificado de Pataz informará al titular del Ministerio de Defensa los resultados obtenidos durante la declaratoria del estado de emergencia y el informe final será elevado a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Energía y Minas, Luis Bravo; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
