Gobierno del presidente Jerí reglamentó la ley contra extorsión y sicariato
La reglamentación de la Ley N.° 32490, que introduce medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato, fue anunciada este 18 de enero de 2026 por el Gobierno, mediante la aprobación del Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, publicado en El Peruano. Según el decreto, estas disposiciones se implementan con el objetivo de fortalecer la seguridad de las empresas de transporte público y de mercancías, sectores especialmente afectados por organizaciones criminales, y de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la economía y la movilidad de la población.
El decreto establece la implementación inmediata de acciones integrales que abarcan prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica, y busca consolidar una estrategia de Estado frente a la extorsión y el sicariato, de acuerdo con las atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En materia de prevención y control financiero, la norma fortalece el control de los flujos vinculados a pagos extorsivos bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú, con miras a detectar y desarticular redes del crimen organizado. También prevé la generación de mapas delictivos georreferenciados para identificar zonas críticas y optimizar operativos preventivos y disuasivos.
Respecto a rutas y tecnología, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente sistemas de cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados a los centros de comando y control policial.
En cuanto a la respuesta policial y protección a víctimas, el decreto dispone el despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, integradas a los sistemas de videovigilancia de los distintos niveles de gobierno. También se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas, que incluyen reserva de identidad, canales de orientación, botones de pánico y patrullaje focalizado para una atención oportuna e integral.
Sobre la persecución patrimonial, la norma crea un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, ofrece atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral. Asimismo, se refuerza la extinción de dominio para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y se instituye un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que coordinará investigaciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF.
El Gobierno aclaró que estas medidas responden a una necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, la economía y la tranquilidad de las familias peruanas, y adelantó que el marco normativo permitirá evaluar impactos y ajustes conforme avance su implementación. En este marco, se esperan avances en la coordinación interinstitucional y en la focalización de recursos para las áreas con mayor incidencia de estos delitos.
