ProCompetencia entrega al Poder Ejecutivo un anteproyecto de reforma de la Ley 42-08
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) entregó formalmente al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, iniciativa que busca modificar la Ley No. 42-08 General de Defensa de la Competencia para adecuarla a las dinámicas actuales de los mercados nacionales e internacionales, según informó la entidad.
La entrega fue realizada al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, por la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, acompañada del director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré. Subero Isa expresó que valoró la iniciativa y se comprometió a promover el proyecto para su aprobación en el Congreso Nacional, con el objetivo de que la República Dominicana cuente con una ley de competencia moderna y alineada con estándares internacionales.
La propuesta legislativa responde a las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Examen Inter-Pares (Peer Review) realizado al derecho y la política de competencia de la República Dominicana en 2024, y se enmarca como una de las reformas estructurales para avanzar en el proceso del país de adherirse a ese organismo. Según ProCompetencia, la reforma moderniza la arquitectura regulatoria, busca mercados más abiertos y competitivos y fortalece las bases para un crecimiento económico sostenible e inclusivo; también se contempla la aprobación de un control previo de concentraciones económicas, mecanismo que no existe en la normativa vigente y que ubicaría al país entre las mejores prácticas internacionales. En palabras de Vásquez Taveras, la nueva ley pretende garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en la economía dominicana, además de perseguir prácticas anticompetitivas. También se destaca que la iniciativa podría mejorar el clima de inversión y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y reforzar la posición de la República Dominicana como jurisdicción confiable y transparente, en línea con la meta de corto plazo del proyecto Meta RD 2036.
