Bélgica: acceso restringido a servicios de acogida compromete la salud y la dignidad
El estudio analiza el periodo julio-diciembre de 2025 y pone de relieve las consecuencias directas de las decisiones tomadas por el Gobierno federal en el verano de 2025.
Se ha superado un umbral crítico: además de los hombres solos, 1.759 personas figuraban a 1 de diciembre de 2025 en una lista de espera para el sistema de acogida; las mujeres solas y las familias con niños también han acabado en la calle.
El 62% de las solicitudes de alojamiento presentadas por hombres solos —independientemente de su situación administrativa— fueron denegadas en el segundo semestre de 2025 por falta de plazas. Esta tasa asciende al 75% en el caso de las familias.
Entre agosto y mediados de noviembre de 2025, a 249 personas se les denegó el acceso a la acogida, entre ellas familias, mujeres y hombres solos. Menos del 20% de las personas con “estatuto M” (personas que gozan de un estatuto de protección en otro Estado miembro de la UE) obtuvieron una plaza de acogida tras una evaluación de su vulnerabilidad.
Como consecuencia directa de la reducción de la financiación, algunos servicios se han visto obligados a reducir sus actividades, lo que concentra las solicitudes relacionadas con la salud en estructuras y plazas cada vez más reducidas.
Estas dificultades de acceso a la atención sanitaria se traducen en un empeoramiento evitable del estado de salud y en un aumento del recurso a los servicios de urgencias. Las personas excluidas de la red de acogida también pierden el acceso estructurado a la atención médica, psicológica y al acompañamiento social que suelen ofrecer los centros de acogida.
Desde el punto de vista médico, la acogida no constituye, por tanto, una simple medida social, sino un determinante fundamental de la salud, la dignidad y el funcionamiento humano. Desde las modificaciones de la Ley de Acogida en 2025, un número creciente de personas quedan excluidas del sistema de acogida. Se trata, en particular, de personas que gozan del denominado “estatuto M”, así como de ciertas familias cuyos hijos presentan su propia solicitud de asilo.
Aunque la ley prevé la evaluación de las vulnerabilidades individuales, en la práctica, el acceso a la acogida es cada vez más incierto.
Los datos médicos y las observaciones sobre
