Comisión avanza en el estudio de ley de alianzas público-privadas para fortalecer la inversión en infraestructura pública
La normativa busca regular la creación, ejecución y terminación de alianzas entre el Estado y empresas privadas para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos.
Trigueros afirmó que El Salvador ha registrado avances institucionales, jurídicos y económicos que fortalecen las condiciones de seguridad y certeza para atraer al sector privado a proyectos estratégicos. También señaló que es necesario actualizar el marco jurídico sectorial.
De aprobarse la ley, se crearía la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAPP), una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta tendría a su cargo evaluar y aprobar proyectos, declarar de interés público las iniciativas privadas y coordinar su desarrollo.
Las ofertas serían analizadas por una comisión integrada por la entidad contratante y la DAPP, y el contrato final definiría duración, riesgos, tarifas, garantías y obligaciones. Trigueros añadió que el CNR tendría un papel en la seguridad jurídica de propiedades, empresas y garantías financieras vinculadas a las obras.
Además, indicó que la participación de la institución se sustenta en cuatro áreas. La primera es el Registro de Comercio, donde se constituirían las Sociedades de Propósito Especial (SPE) y se inscribirían garantías prendarias que respalden su financiamiento.
En segundo lugar, mencionó la posibilidad de establecer garantías mobiliarias mediante la inscripción de garantías prendarias. También destacó la necesidad de asegurar terrenos y derechos de paso para las obras, con el fin de evitar conflictos legales que puedan afectar su desarrollo.
