Piden frenar el retorno forzoso de refugiados afganos a Afganistán
La organización expresó su preocupación por el impacto del IFRP en el acceso a la asistencia sanitaria. Según sus equipos, muchas personas refugiadas están retrasando o renunciando a la atención médica por miedo a ser detenidas y por los controles de documentación en los centros de salud.
Esa situación ha derivado en problemas de salud evitables, incluidos casos de desnutrición y complicaciones durante el embarazo.
El personal de MSF habló con Najib*, un refugiado afgano detenido en una redada policial en su domicilio pese a haber mostrado su tarjeta de registro (PoR) a las autoridades.
Najib contó que su esposa estaba embarazada de tres meses cuando la policía lo detuvo. Al regresar a casa al día siguiente, la encontró en estado de shock y con un sangrado abundante provocado por el estrés.
Explicó que, pese al miedo a ser detenido de nuevo, la llevó rápidamente al médico. Sin embargo, ya era tarde y su mujer había sufrido un aborto espontáneo.
Las políticas aplicadas en Pakistán han reducido la capacidad de muchas familias para sostenerse, ya que pierden su trabajo y sus ingresos por temor a ser detenidas y deportadas.
A principios de 2026, MSF puso en marcha clínicas móviles para comunidades sin acceso a la asistencia sanitaria en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, y detectó una alta incidencia de desnutrición aguda entre los niños y niñas atendidos.
Entre los examinados, el 33,3% cumplía los criterios de desnutrición aguda global. El 7,6% presentaba desnutrición aguda grave y el 25,7% desnutrición aguda moderada.
Casi el 90% de los pacientes desnutridos eran refugiados afganos, en su mayoría mujeres y niños.
El IFRP comenzó a aplicarse en noviembre de 2023, primero contra ciudadanos afganos indocumentados y después contra refugiados con la Tarjeta de Ciudadano Afgano (ACC) o el Certificado de Registro (PoR), muchos de ellos residentes en el país desde 1979.
En una directiva del 10 de julio de 2026, las autoridades pakistaníes ordenaron la detención inmediata y la deportación acelerada de todos los ciudadanos afganos sin visado válido.
Marko den Hartogh, coordinador general de MSF en Pakistán, dijo que el país ha acogido a refugiados afganos durante más de 45 años pese al escaso apoyo internacional.
Añadió que los refugiados afganos viven bajo el miedo constante a ser detenidos, encarcelados, desalojados, a perder sus medios de subsistencia y a ser deportados. Según dijo, eso hace poco probable que muchos retornos a Afganistán sean verdaderamente voluntarios.
Según ACNUR, más de 2,5 millones de afganos han regresado a Afganistán en el marco del IFRP, muchos de ellos de forma obligatoria.
La ONU ha identificado recientemente a más de 70.000 refugiados afganos que correrían un riesgo inminente si fueran devueltos.
“Es fundamental que las personas con necesidades de protección no sean deportadas y que los retornos sean voluntarios, seguros y dignos”, afirmó den Hartogh.
Entre 2023 y 2026, aproximadamente 6 millones de afganos regresaron desde Irán y Pakistán, lo que ha aumentado la presión sobre el frágil sistema sanitario de Afganistán.
La exclusión sistemática de las mujeres y las niñas de la vida pública, los recortes de la ayuda estadounidense, la menor financiación, un sistema sanitario desbordado y la crisis económica agravan la situación de los repatriados.
Las evaluaciones realizadas por MSF en asentamientos informales de repatriados de la provincia afgana de Kandahar en octubre de 2025 y abril de 2026 detectaron falta de atención sanitaria básica, viviendas inadecuadas, desnutrición y malas condiciones de saneamiento.
Según la organización, esos factores elevan el riesgo de brotes epidémicos.
MSF pidió a los países que acogen a refugiados afganos que detengan todos los retornos forzosos a Afganistán y garanticen que los procesos de retorno no pongan en peligro la protección y la seguridad de los refugiados.
“Instamos a las autoridades de Pakistán a reanudar su solidaridad de muchos años con los refugiados y a adoptar formalmente mecanismos para identificar y proteger a quienes corren riesgo tras su retorno”, dijo den Hartogh.
“Esto debe incluir a las mujeres y las niñas, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, quienes necesitan atención médica urgente o a largo plazo, los refugiados en espera de reasentamiento y otras personas con alto riesgo de marginación, discriminación o persecución”.
*Nombre modificado para proteger la confidencialidad y la privacidad.
