MSF reporta nivel récord de ataques contra la atención médica en conflictos armados
Las partes beligerantes, incluidos los Estados, están vulnerando cada vez más su obligación de proteger instalaciones, personal, pacientes y vehículos médicos, según un informe de MSF publicado hoy. El documento señala que, casi una década después de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados deben cumplir el derecho internacional humanitario, respetar la vida civil y promover la rendición de cuentas para revertir una cultura de impunidad.
El informe, titulado “La atención médica en el punto de mira”, se basa en datos de bases internacionales y en la experiencia de MSF en conflictos armados. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que dejaron 1.981 fallecidos. Las muertes entre personal médico y pacientes aumentaron en comparación con 2024, año en el que se registraron 944 decesos. Entre los países más afectados figuran Sudán, con 1.620 víctimas; Myanmar, 148; Palestina, 125; Siria, 41 y Ucrania, 19.
Un cambio de narrativa observado por MSF es el paso de la etiqueta de “ataques por error” a la de “pérdida de protección” de las instalaciones y del personal humanitario. Según Erik Laan, experto en incidencia política de la organización, “las partes beligerantes han cambiado la narrativa para justificar ataques al afirmar que las instalaciones médicas y el personal han perdido la protección que les otorga el DIH”.
La organización indica que, en algunos casos, los ataques pueden derivar de interpretaciones erróneas del DIH o de ambigüedades en el derecho convencional y consuetudinario. En consecuencia, la carga de la prueba recae cada vez más en las comunidades e instalaciones sanitarias para demostrar que no son objetivos militares. “A menudo se pasan por alto las obligaciones básicas, como avisar con antelación antes de un ataque”, comenta Laan, y añade que ello dificulta la respuesta ante denuncias de pérdida de protección y la evacuación de pacientes.
En 2024, la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentó 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022; aproximadamente el 81% de estos incidentes fueron atribuidos a grupos estatales. Raquel González, coordinadora de MSF España, señala que la participación del Estado en conflictos plantea retos específicos para la protección de la atención médica, dada la mayor probabilidad de ataques aéreos y del uso de explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas.
El informe también subraya que el personal local representó una parte significativa de las víctimas: de 2021 a 2025, 1.241 trabajadores contratados localmente fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados, lo que representa el 98%, 96% y 94%, respectivamente, del total mundial de cada categoría. MSF recuerda el ataque del 3 de octubre de 2015 contra su centro de traumatología en Kunduz, Afganistán, y señala que, incluso tras la Resolución 2286, la protección de la atención médica sigue siendo frágil.
Según Laan, “los Estados deben cumplir el derecho internacional y las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar que aseguren la protección de la atención médica”, así como permitir investigaciones independientes y transparencia en los resultados. El informe concluye que es necesario fortalecer la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad para garantizar el acceso a la atención médica, especialmente para comunidades en zonas de conflicto.
