Haití: Transición política y avances contra pandillas marcan la agenda para 2026, según autoridades
Haití ha entrado en una etapa decisiva de su proceso de transición política, con el 7 de febrero como fecha límite para restablecer plenamente el funcionamiento de sus instituciones democráticas, según afirmó este miércoles el representante especial de la ONU para ese país en un informe presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En su intervención, Carlos Ruiz Massieu señaló que Haití atraviesa “una fase crítica de la restauración de sus instituciones democráticas” y llamó a todos los actores nacionales a dejar de lado disputas y actuar con sentido de Estado. “Seamos claros: la hora de las maniobras políticas ha terminado”, declaró, subrayando que el interés nacional debe prevalecer.
El diplomático advirtió que, sin convergencia política y continuidad institucional más allá del 7 de febrero, la transición corre el riesgo de estancarse. Añadió que las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado y los líderes religiosos y comunitarios deben asumir responsabilidades y contribuir a un clima de estabilidad que permita avanzar hacia elecciones creíbles.
Ruiz Massieu explicó que, en los últimos meses, los buenos oficios del Secretario General de la ONU se han centrado en reducir tensiones y fomentar el diálogo entre actores políticos, organizaciones de mujeres y jóvenes, y representantes institucionales, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para cerrar la transición y restablecer plenamente el orden democrático.
En cuanto a los avances hacia los comicios, indicó que la adopción de un decreto electoral el 1 de diciembre y la publicación del calendario electoral el 23 de diciembre constituyen un marco operativo largamente esperado tras años de retrasos. El primer ministro de Haití declaró oficialmente 2026 como año electoral, lo que exigirá coordinación institucional sostenida, financiamiento previsible y condiciones de seguridad adecuadas, señaló el representante especial, quien añadió que las nuevas disposiciones legales sobre registro de votantes, participación de la diáspora y descentralización del conteo de votos buscan reforzar la credibilidad del proceso.
Destacó además la atención a la inclusión de las mujeres: los nuevos requisitos de representación femenina en las listas de candidatos, acompañados de incentivos financieros, son considerados un paso importante para superar barreras históricas a la participación política.
En el ámbito de la seguridad, reconoció que el panorama sigue siendo alarmante y que las pandillas continúan controlando corredores económicos y zonas agrícolas, provocando desplazamientos forzados y desbordando la capacidad humanitaria. En 2025, los homicidios intencionales aumentaron casi un 20% respecto al año anterior. No obstante, subrayó que la presión sostenida de las fuerzas de seguridad nacionales empieza a dar resultados: operaciones policiales reforzadas, con apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas, han permitido reabrir carreteras clave en Puerto Príncipe y en el departamento de Artibonite.
En el centro de la capital, la presencia del Estado alrededor del Campo de Marte y de las principales instituciones gubernamentales se está restableciendo gradualmente, informó el enviado de la ONU. “El reto ahora es ampliar y sostener estos logros”, añadió, alertando de que, sin servicios básicos para la población, las mejoras en seguridad podrían revertirse.
Sobre el apoyo internacional y los desafíos humanitarios, el representante señaló la creación de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) y la transición de la misión multinacional hacia una fuerza más robusta como medidas clave para reforzar la asistencia internacional. Reiteró el llamado a los Estados miembros a aportar recursos financieros y logísticos. En cuanto a la situación humanitaria, dijo que sigue siendo crítica, con 6,4 millones de personas que requieren ayuda, y recordó que Haití continúa siendo uno de los países con menor financiamiento humanitario. Para 2026 se necesitan 880 millones de dólares para asistir a 4,2 millones de las personas más vulnerables.
Ruiz Massieu concluyó con cautela, señalando que los avances políticos y de seguridad demuestran que el progreso es posible, pero también frágil. Su consolidación dependerá del compromiso nacional, del respaldo internacional sostenido y de una coordinación estrecha entre los esfuerzos políticos, de seguridad y humanitarios. “Cualquier ruptura en esta coherencia supondría un riesgo real de retrocesos”, afirmó.
