Récord en extradiciones, nueva política de drogas, Jurisdicción Agraria, Ley de Utilidad Pública y más de 4,5 millones de gestiones de acceso, entre los hitos en Justicia
Con esa estrategia, se realizaron más de 4,5 millones de gestiones en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, 60% más que en el cuatrienio anterior. Además, 5.060 personas fueron atendidas en jornadas móviles y ferias de servicios.
En las Jornadas de Conciliatón, 17.856 personas resultaron beneficiadas. También se impulsaron Comisarías Protectoras en nueve departamentos, con articulación entre comisarios de familia y autoridades indígenas para promover la conciliación.
En cooperación judicial internacional, se registraron 913 extradiciones efectivas a 31 países, más de 560 de ellas a Estados Unidos. El balance incluyó impactos sobre redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos transnacionales.
La aprobación de la Ley PEIMAR, en articulación con el Ministerio de Defensa, fortaleció las herramientas para perseguir economías criminales en altamar. Además, el ministerio estructuró por primera vez una Política Nacional de Drogas.
El programa “Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico” contó con una inversión superior a $52.000 millones a través del Banco de Proyectos y llegó a más de 200.000 personas. Más de 34.000 participaron en acciones de transformación cultural para prevenir el consumo y reducir estigmas.
El ministerio y la UNODC dejaron además una hoja de ruta para mejorar la medición del indicador de Producción Potencial de Cocaína (PPC). La herramienta busca aportar más precisión para la toma de decisiones frente al fenómeno de las drogas.
Con la Ley de Utilidad Pública, más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con estupefacientes y hurto reparan a la sociedad sin separarse de sus familias. La medida también beneficia a unas 800 personas de su entorno.
La Jurisdicción Agraria quedó incorporada a la Constitución en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. En coordinación con el ministerio de Agricultura, el ministerio de Justicia logró la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026.
Por primera vez, más de 2,3 millones de habitantes rurales contarán con jueces especializados para resolver conflictos relacionados con la tierra. El objetivo es ofrecer salidas legales a esas disputas y reducir la violencia.
La protección de las víctimas del conflicto avanzó con el Decreto 0063 de Mujeres Buscadoras, que busca atender a más de 300.000 mujeres que durante años fueron invisibilizadas en la búsqueda de familiares desaparecidos.
También se concretó el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz. La entidad entregó siete proyectos restaurativos construidos con víctimas y, junto con la UNODC, creó una Bolsa de Recursos de 2.500 millones de pesos para nuevas iniciativas.
La firma del CONPES 4156 de 2025 aseguró 4,4 billones de pesos para los próximos años y trazó una ruta para humanizar el sistema penitenciario y carcelario, en respuesta al estado de cosas inconstitucional señalado por la Corte Constitucional.
En enfoque diferencial, se adoptaron el Decreto No Binario para el reconocimiento de identidades de género diversas, el programa “No es Hora de Callar” para funcionarios públicos y la Guía para la valoración del riesgo feminicida. También se implementó el protocolo Sin Barreras para personas con discapacidad.
Entre otros cambios, el ministerio dejó estructuradas las bases de la reforma a la justicia con la Comisión Asesora y la hoja de ruta para actualizar el Plan Decenal del Sistema de Justicia, con visión al 2038 y foco en presencia estatal y acceso ciudadano.
Entre 2022 y 2026, el ministerio de Justicia y del Derecho fortaleció la lucha contra el crimen transnacional, amplió el acceso a la justicia y sentó bases para nuevas transformaciones en la próxima década.
