Más de 53.000 niños, niñas y jóvenes asesinados en América Latina y el Caribe en siete años, según informe
La violencia continúa constituyendo una amenaza grave para la vida y el bienestar de millones de menores de edad en América Latina y el Caribe, según un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El documento, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, señala que entre 2015 y 2022 se registraron 53.318 homicidios de menores en la región.
Entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100.000 habitantes. En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones bajó de 17 a 10 muertes por cada 100.000 en ese mismo periodo, aunque la cifra permanece alta.
La violencia letal está vinculada al crimen organizado, al fácil acceso a armas, a desigualdades sociales y a normas de género nocivas. Sin embargo, el informe subraya que la violencia afecta a los menores desde edades muy tempranas: seis de cada diez niños de hasta 14 años reciben algún tipo de castigo violento en el hogar, y una de cada cuatro adolescentes sufre acoso escolar. También se advierte del incremento de abusos en entornos digitales.
El director regional de UNICEF, Roberto Benes, indicó que la violencia afecta múltiples escenarios de la vida de los menores, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirmó que políticas públicas sostenidas pueden cambiar esa realidad. El director de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó el papel de los servicios de salud para identificar a las personas en riesgo y brindar apoyo oportuno.
El informe propone medidas basadas en evidencia, entre las que figuran fortalecer las leyes de protección de la infancia, controlar el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal de salud, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta. La publicación fue validada en una consulta ministerial regional en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios y representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y la adolescencia de la región.
