Publicada el: 2 de febrero de 2026 :: 6:59 am

Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz para continuar la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal

Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz para continuar la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal

La prórroga por 60 días calendario del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue anunciada por el Gobierno para fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal, según el Decreto Supremo N° 016-2026-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano.

La medida, que también alcanza al centro poblado de Chagualito, en la provincia de Sánchez Carrión, mantiene restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, tal como establece la Constitución.

Asimismo, se mantiene la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 22:00 y las 05:00 horas. Quedan exceptuadas de dicha inmovilización las personas que prestan servicios indispensables en salud, medicinas, agua y saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas y combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recolección de residuos, servicios funerarios y actividades conexas.

Durante la inmovilización se permitirá la atención en farmacias y boticas, así como el desplazamiento con vehículo particular o a pie de quienes requieran atención médica urgente o de emergencia, o para la adquisición de medicamentos cuando exista grave riesgo para la vida o la salud.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se regirá por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por las reglas de empleo y uso de la fuerza previstas en la normativa vigente. El Comando Unificado de Pataz informará al titular del Min proteger Defensa los resultados de la declaratoria y, al finalizar, remitirá un informe final a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

El decreto lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Energía y Minas, Luis Bravo; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.