Misión de la ONU en Venezuela reacciona con cautela a Ley de Amnistía y solicita transparencia
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela acogió con cautela la aprobación inicial de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por la Asamblea Nacional y alerta de que su legitimidad dependerá de un proceso transparente e inclusivo centrado en las víctimas, según informó la experiencia y miembro de la misión, Alex Neve.
Neve señaló que la ley representa una oportunidad para brindar justicia a las personas detenidas por motivos políticos, pero subrayó que su legitimidad e impacto “dependen de un proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos”.
La Misión, que celebra que el texto sea público, advierte además sobre la falta de “consultas públicas informadas, inclusivas y seguras”. “Las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados deben estar en el centro de este proceso”, insistió Neve.
Por su parte, la experta y también integrante de la Misión, María Eloísa Quintero, expresó una preocupación clave: el alcance limitado del proyecto, ya que “se corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”.
Ante esto, la Misión subrayó que la ley debe incluir mecanismos claros de implementación y supervisión independiente. Quintero añadió que sería “conveniente” que la verificación judicial cuente con la participación de víctimas y organizaciones de derechos humanos para evitar una aplicación “incompatible con los estándares internacionales”.
Neve realizó un llamado urgente: “Es fundamental que el proceso de liberación de personas detenidas, que ya está en curso, continúe sin interrupción”, especialmente ante informes sobre el deterioro de la salud de los detenidos y muertes bajo custodia. La Misión reiteró que continuará monitoreando el proceso.
Antecedentes: en septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión mediante la resolución 42/25 para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos desde 2014. La resolución 57/36 prorrogó el mandato por dos años más, hasta septiembre de 2026.
